El viejo virus

Dos días atrás, recordábamos en este Diario que, en medio de la emergencia sanitaria en la que nos encontramos por la pandemia del COVID-19 (que hasta la mañana de ayer había causado la muerte de 83 peruanos y contagiado a más de 2.280), hemos presenciado un despliegue denodado de algunos profesionales que forman la primera línea de ataque para que las medidas dictadas por el Gobierno en las últimas semanas surtan efecto; o, en otras palabras, para que todos los ciudadanos estemos un poco más protegidos.

Médicos, administrativos de los centros de salud, personal de limpieza, trabajadores de las áreas consideradas esenciales por el Ejecutivo, policías y militares, periodistas y canillitas, entre otros, han visto prolongadas sus jornadas laborales, desempeñándose en no pocas ocasiones, además, con equipamientos que ponen en riesgo su salud y la de quienes están más cerca de ellos.

No obstante lo anterior, las situaciones complicadas como las que atravesamos hoy –que, en efecto, pueden traer consigo actitudes encomiables y plausibles– no están a salvo, lamentablemente, de lo otro: de los comportamientos oportunistas y despreciables que nos recuerdan también que los virus más peligrosos no son solo aquellos que nos enferman.

Toda esta reflexión viene a cuento por la información que se ha conocido hace unos días sobre los 32 casos que ha detectado la Fiscalía Anticorrupción de funcionarios que habrían aprovechado sus cargos para cometer delitos en medio de la emergencia sanitaria.

Según contó a El Comercio el fiscal coordinador nacional anticorrupción Omar Tello, la institución ha detectado casos como el de, por ejemplo, un agente policial que solicitó un soborno a un civil a cambio de devolverle su vehículo, o el de un fiscal adjunto provincial que había cobrado una coima para favorecer a un detenido. “Ocurre mucho que estas personas están asignadas a una determinada función en este contexto del COVID-19, pero están haciendo uso personal de los recursos públicos, por ejemplo con los vehículos oficiales o los pases de tránsito”, relató el magistrado.

Pero las conductas abyectas no se agotan solo en quienes presuntamente han quebrado la ley en estos días, sino también en aquellos que han buscado obtener réditos políticos o un poco de cámaras en medio de la emergencia. Allí están, solo por citar algunos casos, los alcaldes que han entregado víveres con sus nombres impresos (en lo que constituye una burda forma de propaganda política), los que han ‘armado’ operativos fraudulentos para la televisión en los que aparecen llamándoles la atención a ciudadanos por presuntamente incumplir el aislamiento social obligatorio, y los que también lo han incumplido para participar en algunos eventos. Toda una muestra de frívolo oportunismo, por decir lo menos.

Y si bien es cierto que no existía ni existe una razón para creer que estas actitudes –tan enraizadas en nuestro país, según tantísimos indicadores y mediciones– tendrían que corregirse orgánicamente por la emergencia sanitaria, sí lo es que las situaciones extraordinarias que atravesamos, con gobiernos locales que han recibido transferencias millonarias para paliar los efectos del confinamiento en sus vecinos, con el periodismo casi enfocado en su totalidad en el avance de la epidemia y en los anuncios del Gobierno y con los millones de ojos ciudadanos recluidos en casa, exigen que este tipo de comportamientos sean expuestos tan pronto como se presenten.

En fin, dentro del rosario de enseñanzas que nos viene dejando esta crisis –como otras antes– está también el recordatorio funesto de que, a veces, los virus más perniciosos para una sociedad no son solo los que desgastan el cuerpo.

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