Editorial: Emboscada en Tambo

El anuncio del presidente Kuczynski de que el próximo 25 de enero, en la víspera del III Gabinete Binacional Perú-Colombia a celebrarse en Arequipa, visitará el Valle de Tambo (Islay) para dialogar con los agricultores del lugar sobre los problemas de agua que los afectan, quiere ser aprovechado por los líderes antimineros para impulsar su propia agenda.

En efecto, distintos dirigentes de la población acordaron demandar que la reunión se celebre en la plaza San Francisco, que en ella se aborde el conflicto con relación al proyecto minero Tía María y que la ex candidata presidencial del Frente Amplio (FA), Verónika Mendoza, y el congresista por Cajamarca Marco Arana participen en calidad de “veedores”. Y, sin esperar a que el gobierno exprese su conformidad o inconformidad respecto de estas iniciativas, en el FA han decidido avanzar en la concreción de las mismas con entusiasmo.

“Lo estamos coordinando”, ha anunciado desde ya el congresista de esa organización por Arequipa Horacio Zeballos, a propósito de la asistencia de Mendoza (quien estará en esa región a fines de enero). Y con respecto a la naturaleza de la ‘veeduría’ que se le quiere encomendar, la presidenta de la Junta de Usuarios de la Ensenada-Mejía, María Luzmila Marroquín, ha sido muy clara.

“Ella nos dijo que votemos por Kuczynski [en la segunda vuelta] y ahora esperamos que ella, siendo la más votada en el valle, nos defienda y le diga al presidente que cumpla con la voluntad popular, que es la defensa del agro y el no a Tía María”, ha sentenciado.

La señora Mendoza, sin embargo, no ostenta cargo que le confiera representatividad alguna respecto de los votantes en el país, pues ese es un privilegio de quien gana unas elecciones; no de quien las pierde. Y el congresista Arana, por otra parte, no obtuvo su curul con el respaldo de electores de Arequipa, sino de Cajamarca, y es a esa región a la que representa.  

Así las cosas, la reunión de Tambo y su temario extendido se insinúan como una emboscada para lograr, de una vez por todas, la liquidación del proyecto Tía María, pues en ese sentido apuntan tanto el afán de celebrarla en la plaza pública como la identidad ideológica de los políticos que, de modo artificioso, se quiere sumar a ella.

En lo que concierne a lo primero, porque es muy difícil plantear razones adversas al parecer de los líderes locales si la discusión se lleva a cabo en el centro de un mitin o una asamblea de sus partidarios. Y en lo tocante a lo segundo, porque Mendoza y Arana han sido siempre muy explícitos en su oposición al desarrollo de la minería en el país en general y en esa zona en particular.

En entrevista con este Diario, efectivamente, Arana dijo en enero del año pasado: “Aquellas inversiones mineras que, como Conga o Tía María, pongan en peligro la salud, el agua y que, además, tengan gran oposición ciudadana no tienen viabilidad”. Mientras que Mendoza, durante una visita de campaña a Islay en marzo pasado, no se anduvo con rodeos y decretó: “Tía María no va y eso debe quedar claro”.  

Por lo demás, hay que recordar que su antagonismo a la minería es inmune incluso a la verdad. Por ejemplo, Arana y otros opositores al proyecto Conga esgrimieron la defensa del agua en su protesta, pese a que un peritaje internacional demostró que con la construcción de los reservorios de Conga habría más agua en la zona y que el estudio de impacto ambiental reunía “todas las condiciones técnicas exigibles para su aprobación”.

Mendoza,  por su parte, sibilinamente sugirió, en una carta al alcalde de Espinar (Cusco), Óscar Mollohuanca, que los niveles de cadmio y otros “elementos tóxicos que producen la muerte” en muestras tomadas por el Ministerio de Salud a pobladores del lugar tenían que ver con el proyecto minero del mismo nombre, cuando no existía ni existe prueba de esa presunta relación.

Con todos estos elementos en consideración, lo último que debería hacer el presidente Kuczynski es caminar ingenuamente hacia una trampa que podría sepultar sin remedio un proyecto que, a precios de hoy, supondría no menos de US$670 millones de dólares de ingresos anuales para el desarrollo del país.