El presidente Pedro Castillo se dirige a un grupo de personas durante un evento oficial en Jaén el pasado 25 de octubre.
El presidente Pedro Castillo se dirige a un grupo de personas durante un evento oficial en Jaén el pasado 25 de octubre.
Editorial El Comercio

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Parece que el presidente está decidido a ponerle más riscos al ya empedrado camino que tiene su administración por delante. Como si no fuesen varias las sospechas que todavía planean sobre su gobierno respecto de la importancia que le concederá a la inversión privada en la acuciante tarea de la recuperación económica y del respeto irrestricto a los contratos suscritos por el Estado, el mandatario decidió esta semana enmarañar aún más la situación.

Como sabemos, el lunes, la presidenta del Consejo de Ministros, , acudió al Congreso para solicitar el voto de investidura. Allí, afirmó lo siguiente: “Somos conscientes de la importancia de la inversión privada para impulsar el crecimiento económico, y para generar empleos y mayores ingresos en las familias peruanas”. “Por eso –añadió– nuestro objetivo es promover para que la inversión privada continúe no solo aumentando, sino beneficiando a más peruanos”. Pues bien, ¿cuáles son esas condiciones sobre las que el Ejecutivo piensa trabajar para fomentar la inversión privada?

Casi al mismo tiempo, desde Amazonas, el presidente Castillo nos daba una respuesta, tirando de paso por la borda todo el esfuerzo que la primera ministra había realizado. “Desde acá, instamos al Congreso para que, de una vez por todas, hagamos una ley conjunta del gas de Camisea”, afirmó. Difícil, si no imposible, que el Gobierno pueda construir una base para promover la inversión privada recurriendo a amenazas de expropiaciones o nacionalizaciones que evocan otros tiempos y otras latitudes de las que, hasta donde sabíamos, el presidente intenta desligarse desde su campaña.

El problema, además, es que el mandatario no solo le jalaba la alfombra a la jefa del Gabinete (y a su ministro de Economía, Pedro Francke, que se había expresado literalmente ), sino que también se contradecía a sí mismo. El mes pasado, por ejemplo, luego de que el antecesor de Vásquez, Guido Bellido, amenazara públicamente con expropiar al consorcio encargado de la administración del yacimiento gasífero si no accedía a renegociar el reparto de utilidades, el jefe del Estado tuiteó que “cualquier renegociación se dará al Estado de derecho”. Y pocos días después, durante un evento en Huaycán, Castillo volvió a amonestar a su entonces jefe del Gabinete al explicar que “tenemos que recuperar los recursos del país, pero no con temas altisonantes […], no podemos hacer gestos acelerados o bruscos; tenemos que conversar también con las empresas”. Por increíble que parezca, el lapso que separa a esta declaración de la que brindó dos días atrás es de menos de un mes.

En un intento por hacer control de daños, anoche el mandatario y escribió: “Somos y seremos respetuosos con la libertad de empresa”. Sin embargo, la circunstancia de que ya se haya contradicho una vez deja abierta la puerta para que vuelva a hacerlo en cualquier momento.

Tampoco ayuda mucho que el Gobierno trate de desligarse del brazo de Vladimir Cerrón, por ejemplo, apartando a uno de sus más conocidos discípulos de la Presidencia del Consejo de Ministros, para que luego el presidente anuncie –foto incluida– la incorporación de Ricardo Belmont, amigo del exgobernador regional de Junín y excandidato a la Alcaldía de Lima por su partido en el 2018, como asesor del despacho presidencial (en una operación felizmente frustrada). Como tampoco ayudan en ese sentido la inclusión de Luis Barranzuela, abogado de Cerrón hasta antes de ceñirse el fajín ministerial, en la cartera del Interior o los intentos vergonzosos para ubicar a Richard Rojas, cercano a la cúpula del partido del lápiz, en una legación diplomática cuando se halla bajo la lupa de las autoridades.

Lo más grave de tener a un presidente con vocación para los autogoles no es solo la imagen de caos y desgobierno que ayuda a forjar en torno de su administración, sino que compromete irreversiblemente la fiabilidad de su palabra y la de sus funcionarios. Y eso no es algo que pueda arreglarse a punta de tuits ‘aclaratorios’.