Editorial: Ética sintética

La Comisión de Ética del Congreso es uno de los grupos de trabajo más importantes del Poder Legislativo y, al mismo tiempo, uno de los que suele suscitar la mayor cantidad de controversia.

Como se sabe, es el ente encargado de garantizar que los parlamentarios ejerzan sus funciones respetando las reglas que su investidura y la institución a la que pertenecen les plantean, y el que debe investigar, evaluar y sancionar –cuando corresponda– a los legisladores que hayan sido denunciados ante él. Sin embargo, como han demostrado las distintas configuraciones de esta comisión a lo largo de los años, el ingrediente político suele ser un obstáculo para su imparcialidad y el famoso adagio de “otorongo no come otorongo” parece primar en sus decisiones (por lo menos hasta que los cuestionamientos de la opinión pública la fuerzan a dejarlo de lado). Una receta que, en más de una ocasión, ha desembocado en algunas transgresiones siendo perdonadas o castigadas de forma tenue o tardía.

La actual Comisión de Ética, por su parte, no ha tenido el mejor de los comienzos. Recordemos que se demoró más de noventa días en ser instalada y 115 días, desde el estreno del nuevo Parlamento, para tener su primera sesión ordinaria. A estos tropiezos ahora se suma el archivamiento de una serie de sucesos controversiales, lo que parece demostrar que comparte muchos de los vicios de sus predecesoras.

Uno de los casos más recientes, por ejemplo, concierne al congresista José Luna Morales de Podemos Perú. A inicios de mayo, el programa dominical “Punto final” dio a conocer que una empresa de propiedad del legislador había incumplido con depositar los aportes a la AFP y ONP de sus trabajadores, pese a haber retenido los montos. El asunto llegó al referido grupo de trabajo, pero el 8 de agosto este decidió, con cuatro votos a favor y tres en contra, no abrir una investigación. En los próximos días esta materia será sometida a reconsideración, pero queda el mal sabor de que no se haya elegido indagar más desde un comienzo.

Por otro lado, la Comisión de Ética también decidió archivar denuncias dirigidas hacia parlamentarios que habrían transgredido las medidas planteadas por el Gobierno para ralentizar la propagación del COVID-19, arguyendo que estaban cumpliendo con sus funciones representativas. Son los casos de Hipólito Chaiña (Unión por el Perú), Paul García (Acción Popular) y Cecilia García (Podemos Perú).

El primero fue intervenido en marzo por participar en una reunión durante el aislamiento social obligatorio. Los dos últimos fueron denunciados por su comportamiento durante las visitas inopinadas que realizaron a distintos hospitales durante el estado de emergencia. El director del hospital San José del Callao, Ever Mitta Curay, por ejemplo, sostuvo que Paul García ingresó al centro de salud en compañía de varias personas sin respetar las medidas sanitarias, una acusación similar a la de José Luis Rodríguez, jefe de Gestión de Calidad en el Hospital de Ventanilla. Por otro lado, el director del Hospital de Huaycán, Jorge Alcides Loayza, señaló que Cecilia García fue prepotente y se negó a utilizar equipo de protección.

A todo lo anterior se añade el uso que algunos congresistas le dieron a sus bonos de instalación. Luego de conocerse que 23 legisladores lo habían cobrado, a pesar de radicar en Lima o el Callao, un informe de la secretaría técnica de la comisión concluyó que los hechos no constituían infracción ética alguna.

Además de estos, existen otros casos que la Comisión de Ética ha elegido archivar y otros que sí se ha propuesto investigar, como el de los congresistas que habrían usado de forma indebida los vuelos humanitarios durante el estado de emergencia. Sin embargo, el balance parece indicar que la ética no es lo primero para este grupo de trabajo, por lo menos frente a la posibilidad de protegerse entre padres de la patria.

Al final del día, empero, con la ética sintética solo sale perdiendo el país.