Editorial: Evaluaciones mezquinas

Según un informe publicado el domingo por el diario “Correo”, cuando menos 24 personas que integran las comisiones de transferencia en representación del gobierno entrante de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) han trabajado o continúan colaborando con el saliente régimen del presidente Ollanta Humala. 

Esta circunstancia ha suscitado reacciones diversas. La más crítica de ellas cuestiona la sola presencia de quienes ejercieron una función en el gobierno que culmina este 28 de julio, como si el hecho de haber participado en este bastara para confirmar la teoría de que PPK era efectivamente “el candidato del gobierno” o, más grave aun, que el presidente electo procuraría la impunidad de Ollanta Humala y sus adláteres respecto de las acusaciones actuales (y futuras) que se ciernen sobre ellos.

Esta hipótesis proviene principalmente de las filas del fujimorismo, cuyos representantes han expresado distintos niveles de sospecha. Así, por ejemplo, para la congresista reelecta Luz Salgado, “esto prueba el acercamiento que advertimos de que este gobierno estaba apoyando a Kuczynski”, mientras que el aún congresista Héctor Becerril calificó la situación de “preocupante”. Más severo aun fue el congresista reelecto Luis Galarreta al sentenciar que este hecho “demuestra que hay un pacto para la impunidad”.

Más allá de que tales acusaciones encierran una falacia argumentativa (hay una falsa causalidad entre la presencia de funcionarios de la administración saliente y un pacto de impunidad con ella), resulta bastante mezquino que las críticas sobre las personas escogidas para el proceso de transferencia no tengan que ver con sus cualidades o deméritos personales y profesionales, sino con el solo hecho de haber trabajado en el sector público durante el gobierno de Ollanta Humala. Si siguiéramos la lógica de los que censuran esta situación, además, bastaría con haber trabajado en este gobierno para estar ‘contaminado’ con cualquier mala práctica que este haya cometido. Y lo mismo se podría predicar de los también varios ex funcionarios de los gobiernos de Alan García y Alejandro Toledo que, conforme revela la nota de “Correo” y es de público conocimiento, han sido convocados por el equipo de transferencia de PPK. Es decir, estaríamos hablando de un triple pacto de impunidad. 

Al tener en sus filas a profesionales y técnicos que sirvieron en el gobierno de Alberto Fujimori, este razonamiento resulta particularmente destructivo para los fujimoristas que lo esbozan, pues, dadas las manchas indelebles que se ciernen sobre el régimen de los 90, todos los que en él trabajaron no estarían aptos para volver a ejercer un cargo público. Solo por poner un ejemplo, el ex candidato a la vicepresidencia, José Chlimper, hubiera quedado descartado de por vida por haber sido ministro de Agricultura de Alberto Fujimori. Pero, claro, eso también sería mezquino.

Cabría preguntar, asimismo, qué incentivos tendría una persona para ingresar a la función pública si la sola aceptación de dicho rol le generara simbióticamente un estigma imborrable que lo asociara con todo lo que pudiera suceder con el presidente de la República o con los cerca de 1’400.000 funcionarios públicos que tiene el Estado, y con aquellas acciones que le resulten completamente ajenas a su conocimiento y control.

Y así como hubo cuestionamientos de integrantes de Fuerza Popular, la situación también recibió el reproche de algunos miembros del partido de PPK, como Jorge Villacorta. “La presencia partidaria es ínfima”, se quejó, “parece que haber hecho campaña con Pedro Pablo se ha convertido en un demérito, parece que te evalúan como si hubieras hecho campaña por Fuerza Popular”. “Es superinjusto e inaceptable, eso es una provocación a la confrontación” (sic), afirmó Villacorta, sin comprender que lo verdaderamente justo para todos los peruanos –a quienes representará PPK y ya no solo a sus correligionarios– sería que tanto las labores de transferencia como los puestos en el Ejecutivo sean encomendados a las personas más preparadas para ello y no a quienes puedan exhibir un carnet partidario. Hay mezquindad, en fin, para todos los gustos y colores políticos.