Editorial: Las falsas expectativas

Tras el acuerdo firmado entre la candidata presidencial Keiko Fujimori y la Central Nacional de Mineros del Perú (Cenami), la minería informal se ha convertido en uno de los temas de mayor peso dentro del debate electoral. 

El acuerdo firmado por la lideresa de Fuerza Popular (FP) contempla la derogación de los decretos legislativos 1100 y 1105 promulgados por la actual gestión, que establecen la interdicción de la minería ilegal –entendida como aquella que se realiza en áreas prohibidas, como la que ocurre en gran parte de Madre de Dios– y el procedimiento para formalizar la minería artesanal. Ello puesto que, en palabras de la señora Fujimori, “estos decretos legislativos lo que hicieron fue crear una falsa expectativa”, “son muy pocas las personas que logran su formalización” y, por lo tanto, es necesario “volver a hacer un proceso de formalización”. 

Hace bien la señora Fujimori en tener en cuenta las expectativas que pueden generar las políticas públicas, en especial cuando provienen de ofrecimientos concretos a ciertos sectores de la población, pues a ellos deberá rendir cuentas quien las propuso. Y en tal sentido, igual de importante resulta conocer bien las distintas aristas de un fenómeno tan complejo como la minería informal, si acaso se quiere garantizar el éxito de la iniciativa y, por ende, la realización de las ilusiones.

Uno de los elementos que han pasado casi desapercibidos en este asunto, sin embargo, es que aproximadamente el 85% de los mineros artesanales, según ellos mismos reconocen, se encuentran trabajando en terrenos que están concesionados a terceros. Es decir, vienen operando en superficies cuya autorización estatal corresponde a otras personas, que podrían ser otros mineros o ser de propiedad de comunidades indígenas, como han recordado algunos especialistas en la materia.

Esta situación refleja un grave problema estructural: por el lugar escogido en la mayoría de los casos, los mineros informales no podrían continuar operando. Y ni los decretos legislativos en cuestión ni su eventual derogación podrían cambiar la realidad de que gran parte de esta pequeña minería no podrá mantenerse en actividad salvo que logren la autorización de los titulares de las concesiones.

Es cierto, no obstante, que los mineros informales podrían llegar a acuerdos con las compañías titulares de las concesiones o con las comunidades propietarias de los terrenos que ellos ocupan precariamente, para que les cedan dichas concesiones o los autoricen a explotarlas. Sin embargo, esto es algo que no depende del Estado, por más ofrecimientos o pactos que digan lo contrario; descartando, por supuesto y porque lo prohíbe la Constitución, que se trate de un compromiso para expropiar lo que a otros pertenece.

Esta constatación sirve también para explicar entonces por qué de las cerca de 70.000 declaraciones de compromiso de formalización presentadas por mineros artesanales, solo 1.400 de ellos habían logrado acreditar la titularidad de la concesión o un contrato de cesión o explotación que los habilite a operar (según las últimas cifras publicadas por el propio Ministerio del Ambiente en el 2014), y solo 1.000 estarían trabajando de manera formal a la fecha. Cifras nada alentadoras para un gobierno que auguraba llegar a 27 veces ese número para el 2014. 

Y también permite entender por qué cualquier ofrecimiento en el que la solución pase solamente por otorgar títulos o cuya meta sea lograr la formalización de los más de 100.000 pequeños empresarios mineros que se encuentran en la informalidad (400.000 según los estimados de los propios gremios) es cuando menos una sobresimplificación del problema o, más tristemente, un irresponsable juego con sus expectativas.