Editorial: Una frágil esperanza

Ayer la lista encabezada por el congresista Luis Iberico de la bancada de PPC–APP fue elegida para asumir la Mesa Directiva del Legislativo por el año que le resta a la administración humalista en el poder. Como se sabe, esta lista representaba a la oposición más radical al gobierno, mientras que la encabezada por Vicente Zeballos, de Solidaridad Nacional, contaba con el apoyo del oficialismo pero trataba de expresar una opción que, si bien no confrontaba abiertamente con este, tampoco era instrumento suyo.

Al final, la votación de 70 contra 55 –cuando hasta la mañana de ayer, los cálculos extraoficiales hablaban de un empate o de una victoria ajustada de Zeballos– reveló que el endose gobiernista al candidato de Solidaridad Nacional acabó siendo un sello indeleble y un fardo demasiado gravoso de cargar. Y eso entraña un mensaje político sobre el cual vale la pena reflexionar.

Es evidente que en el resultado a favor de Iberico pesaron votos provenientes de la bancada de Gana Perú y de sus aliados habituales, que el humalismo imaginaba suyos. Y es posible que entre estos se hayan contado incluso los de Marisol Espinoza y Omar Chehade, las dos personas que completaron la ‘plancha’ con la que Ollanta Humala fue elegido en el 2011. No por gusto declararon ellos, poco antes del sufragio, que “los errores han pasado la factura al nacionalismo” y que el gobierno perdería la elección por ‘walk over’ a causa de “la terquedad, la obstinación y los celos”, respectivamente.

De cualquier forma, las deserciones en las filas del gobierno dan testimonio del aislamiento en el que progresivamente se ha sumido Palacio en estos cuatro años y de la torpeza que significó imponer el año pasado la postulación de Ana María Solórzano al cargo que ahora han perdido, al costo de provocar una escisión en la bancada. Particularmente sintomático es en ese sentido, además, el anatema a la eventual postulación de Marisol Espinoza por el nacionalismo que la primera dama ratificó días atrás.

El oficialismo, pues, no entendió el mensaje de necesidad de apertura que comportaba la apretada victoria del año pasado –por dos votos de diferencia y en segunda votación– a la Mesa Directiva del Parlamento y ahora ha pagado las consecuencias con una humillación contable, porque aun camuflado tras una postulación ajena ha sufrido una derrota aparatosa.

Esta circunstancia, por supuesto, le plantea un reto a la lista ganadora. Le toca a ella, en efecto, tener la largueza democrática de la que el humalismo hasta ahora careció en el Legislativo. No solo le corresponde asegurar una transición ordenada al próximo gobierno y sin que los exabruptos de la campaña se filtren en el trabajo parlamentario, sino asegurar que la búsqueda del equilibrio de poderes no se confunda con un obstruccionismo que impida sacar adelante las eventuales iniciativas razonables en las que el Ejecutivo pudiera embarcarse. Todo esto, sin renunciar a la inclusión en la agenda del pleno de los informes de las distintas comisiones investigadoras que pudieran incomodar a la actual administración.

Tiene adicionalmente la nueva Mesa Directiva la obligación de impulsar asuntos que son de exclusiva responsabilidad del Congreso, como las reformas electorales pendientes y la elección del defensor del Pueblo, y que en última instancia podrían redundar en la revalorización de un poder del Estado que es central para la democracia y que, sin embargo, desde hace décadas y bajo distintos gobiernos, no ha hecho sino perder prestigio y estima ciudadana.

Felizmente, en sus primeras palabras como presidente del Parlamento, Iberico ha hablado de “contribuir con la gobernabilidad” y de “una actitud dialogante y de respetuosa colaboración con los otros poderes del Estado”, así como de la voluntad que existe en él y la gente que lo acompaña de enfrentar las materias que hemos señalado líneas atrás.

Con ello ha abierto una frágil esperanza de que nuestras autoridades políticas, con prescindencia de si pertenecen al gobierno o la oposición, estén por una vez a la altura de lo que la ciudadanía espera de ellas cada vez que deposita su voto en un proceso electoral. Una esperanza que esta vez no puede ser defraudada porque el precio a pagar sería demasiado alto.