Editorial: La franja amarga

Uno de los principales motivos por los cuales el sistema de libre mercado funciona es que los productores tienen incentivos para vender siempre más barato que su competencia y así capturar una mayor porción del mercado. Esto debería ser tan cierto para el mercado de teléfonos inteligentes como lo es para alimentos básicos como el maíz y la leche. Y cuando este mecanismo deja de funcionar es que algo anda mal.

La historia viene a cuento porque el último paquete de medidas económicas presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) establece un nuevo límite de 20% a la tasa arancelaria a los productos vinculados al maíz, azúcar y lácteos, reduciendo los altos costos de importación de estos productos con la intención de lograr menores precios para los consumidores. Revisar la franja de precios es una medida que debería significar más dinero en el bolsillo para millones de peruanos.

La reducción del arancel, por supuesto, no ha sido del agrado de todos. Rolando Piskulich, presidente de la Asociación de Industriales Lácteos (ADIL), grupo que incluye a Gloria como uno de sus asociados, manifestó que el menor valor de algunos insumos no necesariamente se refleja en el precio final. Similar reacción han tenido los productores de granos y azúcar.

Los opositores a la reducción del arancel argumentan que la medida no tendrá mayor efecto por dos motivos. En primer lugar, dicen, buena parte de las importaciones provienen de países como Colombia o Estados Unidos, con los que el Perú mantiene algún tipo de tratado comercial y por tanto sus productos entran al país con arancel cero. En segundo lugar, los productores mencionan que los beneficios de estos menores precios a la importación serán capturados por los intermediarios o importadores, quienes engrosarán sus utilidades comprando más barato y manteniendo el mismo precio para los consumidores finales.

Más allá de que ambos argumentos no pueden ser simultáneamente ciertos (si no hay productos a los cuales bajar el arancel, ¿qué beneficios captarán los intermediarios?), vale la pena detenerse en los méritos de cada uno. Respecto a las importaciones de países con preferencias arancelarias, lo cierto es que los aranceles originados en la franja de precios justamente han inducido a que los productos no sean comprados en mercados que son competitivos. 

En el caso del maíz, por ejemplo, entre el 2012 y el 2013 –antes de la aplicación del arancel– las importaciones provenían principalmente de Argentina (casi 70% del volumen total). No obstante, luego de la aplicación de la franja, en el 2014 las importaciones de Estados Unidos –que no están sujetas a arancel hasta cierto monto– ganaron presencia hasta alcanzar 73% del volumen importado. La reducción del arancel, entonces, favorece la competencia entre los mercados, pues facilita la importación de países que no gozan de preferencias arancelarias, pero sí de cadenas de producción competitivas, lo que finalmente incide en menores precios.

Respecto al segundo argumento, sobre la captura de beneficios por parte de los intermediarios en perjuicio de los consumidores, la eficiencia del mercado debería asegurarse de que eso no suceda. En efecto, si en un mercado competitivo existen mayores márgenes de ganancia para los importadores o intermediarios gracias a los menores costos que enfrentan, la presión de la competencia debería forzarlos a bajar los precios para así captar a más consumidores. Este principio elemental e impersonal de economía debe generar los incentivos para que ningún ofertante pueda, unilateralmente, quedarse con todo el margen extra de ganancia. Es simple: si no baja los precios, y la competencia sí lo hace, se queda sin clientes.

Si este mecanismo no funcionase y los precios se mantuviesen altos, como algunos productores insinúan que sucederá, podríamos estar frente a conductas anticompetitivas y captura de rentas. El gobierno debe entonces mantenerse vigilante para asegurar que los ofertantes compitan entre ellos para ganar participación de mercado, y no todos juntos contra los consumidores para ganarles un mejor precio. 

Lo cierto es que, por donde se mire, la reducción –y potencial eliminación– de la franja de precios es una medida que ayuda a corregir las distorsiones que el mismo Estado generó. En caso los beneficios no lleguen a donde deben llegar, es el gobierno el encargado de poner la lupa sobre las causas de la rigidez en los precios.