Editorial:Sin fronteras

Hay debates públicos que se siguen con vigor en otros países y a los cuales el Perú ha permanecido relativamente ajeno. Temas como el envejecimiento poblacional, la tasa de obesidad creciente o la fuerza de las compras por Internet llenan portadas de otras latitudes donde constituyen un tema trascendente, mientras que en el Perú por ahora pueden pasar de largo. Hasta hace muy poco, la inmigración se incluía en esta lista, pero la consistente mejora en las condiciones de vida del peruano promedio y, sobre todo, el descalabro de la sociedad venezolana seguido del éxodo masivo de sus nacionales empiezan a poner el asunto en agenda. 

Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, hay más de 100 mil venezolanos hoy en el país y cada día ingresan cientos más. En este contexto, el gobierno decidió esta semana extender el plazo para solicitar el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) que permite a los nacionales de Venezuela vivir y trabajar legalmente en el Perú por un año. Bajo los nuevos lineamentos, para obtener el PTP se requiere que los solicitantes hayan ingresado o ingresen al país hasta el 31 de diciembre de este año y que no tengan antecedentes policiales, penales o judiciales. 

El flujo inmigratorio y las facilidades legales que acertadamente otorga el gobierno no han estado exentas de críticas de quienes se creen perjudicados por los nuevos inmigrantes, sobre todo en el mercado laboral. Los que ven la llegada de venezolanos con ojos escépticos argumentan que estos “quitan el trabajo” a los peruanos y que –al estar dispuestos a trabajar por salarios relativamente bajos– deprimen las remuneraciones promedio. 

Estos miedos son largamente infundados. En primer lugar, a pesar de ser la inmigración más grande de las últimas décadas, la cantidad de venezolanos es aún muy pequeña con relación a la población peruana total. Poco más de 21.000 venezolanos recibieron el PTP al cierre del 2017 y hay 75 mil que se encuentran en condición de turistas y que podrían solicitar el PTP. Sumados, ambos números llegan al 0,5% del PEA nacional; una proporción ínfima. 

En segundo lugar, muchos venezolanos han encontrado empleos en industrias con alta rotación de personal –como restaurantes, servicios y comercio minorista–, lo que resta fuerza al argumento de que han tomado el puesto de un trabajador peruano estable. Más bien, se han sumado a una oferta laboral en constante renovación. 

En tercer lugar, y más importante aún, se repite la falacia del trabajo finito. El número de empleos en realidad no es una variable fija, permanente, inmutable, sino que crece conforme la economía se dinamiza con más gente emprendiendo y aportando a ella. En este sentido, la llegada de venezolanos –muchos de ellos autoempleados o que han instalado su propio pequeño negocio– contribuye más de lo que resta a la economía nacional. Si a ese razonamiento se le añade que buena parte de los nuevos inmigrantes tienen altas competencias profesionales que pueden complementar a los profesionales locales, el saldo final de la inmigración venezolana sobre el mercado laboral parece consistentemente positivo. 

Pero la inmigración no es solo un tema de sumas y restas económicas. En el fondo, se trata de solidaridad y empatía. Con causas y desenvolvimientos muy distintos, la debacle ocasionada por el régimen chavista recuerda a los peruanos sus propios momentos de crisis profunda tres décadas atrás. Entonces, muchos encontraron asilo, justamente, en Venezuela. Negar la oportunidad de búsqueda de una mejor vida aquí, hoy, no es solo poco productivo para la economía local, sino, sobre todo, injusto con nuestro propio pasado.