Editorial: Furia popular

El fujimorismo y su bancada se han enzarzado recientemente en múltiples enfrentamientos con instituciones del Estado y personas de gravitación política que resulta difícil asumir como fenómenos aislados. El ministro del Interior, el fiscal de la Nación, cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC), el congresista Kenji Fujimori y hasta el presidente Kuczynski han sido, efectivamente, objeto de pedidos o amenazas de acusación constitucional, o de expulsión partidaria, por parte de los voceros de Fuerza Popular en los últimos días.

Es cierto que varios de esos empeños –como los de las acusaciones relacionadas con el ministro Basombrío o los miembros del TC– no han partido de representantes de la agrupación naranja, y que en otros –como el de la amenaza de proceder de igual modo frente al actual jefe del Estado una vez que termine su mandato, si no compareciese ahora ante la Comisión Lava Jato– están acompañados por legisladores de otras bancadas. Pero es innegable al mismo tiempo que en todos ellos el fujimorismo tiene una presencia mayoritaria y determinante, así como un discurso salpicado con brotes de una hostilidad que excede lo que se esperaría de parlamentarios que solo están cumpliendo su función con celo.

Se trata por ello de una conducta que no muestra el mejor rostro del fujimorismo y que desde diversos sectores ha sido ya vinculada con su historia de intolerancia y desencuentros con la institucionalidad democrática. Y las únicas interpretaciones que se ofrecen a ese comportamiento, que a todas luces supondrá pronto un costo para la imagen de Fuerza Popular y su lideresa, son que estamos ante intentos de tomar represalias por la reapertura de la investigación al ex secretario general de la organización Joaquín Ramírez o de distraer a la opinión pública de lo que Marcelo Odebrecht pudiera declarar próximamente ante los fiscales peruanos sobre eventuales aportes de campaña.

No obstante, si bien pueden tener asidero, tales explicaciones lucen insuficientes para dar cuenta de la carga emocional que se distingue en la actitud del conglomerado naranja en todos los casos mencionados. “Ellos se creen intocables”, “que se bajen de su nube”, “son ellos los que actúan como criminales organizados”, “tenemos a un presidente que no tiene ganas de recibir a una comisión investigadora”, “acá no nos van a arrinconar con ese cuento”, “el que quiere dar sus descargos, aunque sea en silla de ruedas debería hacerlo” o “he sido muy cauta y paciente, pero ya sobrepasaron todos los límites” son solo algunas de las expresiones pronunciadas por legisladores o la lideresa del fujimorismo como parte de los enfrentamientos señalados. Y la verdad es que inmediatamente evocan el “ahora ya saben con quién se meten” que la divulgación de los mensajes internos del grupo autodenominado ‘mototaxi’ hizo famoso.

Es justo anotar que desde el Gobierno la oposición no ha recibido tampoco el trato más civil. El propio presidente ha aludido últimamente a ella con expresiones como ‘circo’ o ‘ladran’, que bien pueden haber sido percibidas como provocaciones por quien encarna el sector más importante de la misma. Pero aun así, la reacción es desproporcionada y se advierte en ella un claro ingrediente irracional, que es, dicho sea de paso, el que explica por qué están dispuestos a adoptarla a pesar del precio que les impone.

¿Estamos simplemente ante un recrudecimiento del rencor por la derrota electoral del año pasado? Es posible, pero los únicos que en realidad pueden y deben desentrañar el origen de tanta furia son justamente quienes están siendo abrasados por ella.

Y decimos que deben hacerlo porque, por un lado, no es admisible que, a raíz de ello, estemos nuevamente en el entrampamiento entre Gobierno y oposición que existía antes del cambio de Gabinete; y por otro, porque ya tendrían que haber comprendido que es precisamente esa actitud de aislamiento hostil la que los ha condenado a la derrota dos veces.