Editorial: La gran coincidencia

No ha hecho falta una sesión del Acuerdo Nacional ni una agotadora jornada de diálogo entre los partidos y el gobierno como las que intentó encabezar la señora Ana Jara en sus últimos meses como jefa del Gabinete. La mayoría de las organizaciones políticas del país ha demostrado recientemente que la coincidencia tácita entre ellas es posible, que el soñado consenso existe y que, cuando lo que está de por medio es un objetivo mayor, las discrepancias desaparecen.

‘Mayor’, sin embargo, no es sinónimo de ‘positivo’, como se desprende del hecho de que aquello en que los partidos y movimientos regionales han coincidido en este caso es en dejar de presentar ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el informe financiero anual (IFA) –llamado a registrar sus movimientos de campaña u ordinarios–  correspondiente al 2014. El plazo para cumplir ese requisito, efectivamente, se venció ayer por la tarde. Según el informe preliminar, de los 20 partidos y más de 200 movimientos regionales  a los que la disposición alcanzaba, 14 de los primeros y 27 de los segundos lo hicieron.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que a menos de 24 horas de que se venciese el plazo, eran apenas cinco partidos –el Partido Humanista Peruano, Perú Posible, Restauración Nacional, Somos Perú y Todos por el Perú– los que habían cumplido con el trámite, lo que sugiere que a los otros nueve la exposición periodística podría haberlos apremiado. Pero sobre todo esto quiere decir que otros seis partidos y una enorme cantidad de movimientos regionales sencillamente han ignorado la exigencia legal y el requerimiento de transparencia que ella entraña. 

El IFA, como se sabe, comprende el sistema contable, los estados financieros y los registros de los aportes –monetarios o en bienes– y gastos de cada organización política. Y si la información que contiene es veraz, permite conocer a qué intereses puede estar vinculada y vigilar, en esa medida, que su gestión en cualquier nivel de gobierno no constituya una velada retribución de esa financiación.

La severa caída de la aprobación del presidente Ollanta Humala y su esposa en las últimas encuestas, ocasionada en gran parte por la opacidad de los fondos recibidos por el nacionalismo en distintos momentos de su historia, da una idea clara de qué tanta importancia puede concederle la ciudadanía a este tipo de información.

¿Cómo así entonces –es legítimo preguntarse– pueden las organizaciones políticas obviar la observancia de esta disposición tan alegremente? Pues es muy sencillo: ocurre que las sanciones que los infractores tienen que enfrentar en esa eventualidad son absurdas y no suponen en realidad penalidad alguna para ellos.

El ‘castigo’ estipulado por la Ley de Partidos Políticos para las organizaciones que no presenten el IFA, efectivamente, es la pérdida del financiamiento público directo, aunque esto solo comprenda a los partidos. Y como ese financiamiento hasta ahora no existe, no pierden nada.

Lo absurdo de la pena, no obstante, no radica solamente en la circunstancia de que consista en la privación de una ventaja por el momento inexistente, sino también en que busca sancionar precisamente la razón que les permite a los partidos prescindir del financiamiento público. Es decir, puestos ante la disyuntiva de elegir entre el transparente y limitado financiamiento público y el opaco y abundante financiamiento privado, ¿por cuál es verosímil que se inclinen estas organizaciones?

La sanción, en consecuencia, debería apuntar a otro lugar. Y de hecho existe ya un proyecto propuesto por los organismos electorales –ONPE, JNE y Reniec– para que el incumplimiento de cualquier entrega de información financiera sea ‘castigado’ con una multa que, de no ser pagada, supondría la cancelación de la inscripción de la organización infractora en el registro electoral. Esto, dicho sea de paso, también podría ser aplicable a otras multas impagas, como las referidas al Reglamento de Propaganda Electoral, de las que se ha ocupado recientemente este Diario.

A pesar de haber sido alcanzado al Congreso hace meses, sin embargo, el proyecto que propone este cambio espera todavía un lugar en la agenda del pleno. Y lo seguirá esperando seguramente aun si la oposición gana la próxima Mesa Directiva, porque sobre esta materia, como decíamos al principio, existe una gran coincidencia.