Editorial: El gran salto

El ministro de Economía, Miguel Castilla, confirmó en una entrevista en “La hora N” algo que el primer ministro había anunciado en su presentación al Congreso: a partir del próximo año se incrementará el gasto público en educación en 0,25% del PBI al año, hasta llegar al 6% del PBI. Por fin se cumpliría el único punto concreto del Acuerdo Nacional en el que no se había podido avanzar ni un milímetro. Después de todo, nuestra inversión en este rubro sigue alrededor del 3% del PBI, cuando el gasto público educativo en Chile y Colombia, nuestros congéneres de la Alianza del Pacífico, está en alrededor del 4,6% del PBI. 

El ministro Castilla aseguró que esto será así y que ya se estaban haciendo las previsiones en el presupuesto del próximo año. De cumplirse y de hacerse bien, este podría ser un cambio de enorme trascendencia para el futuro económico y social del país. Supondría subir un escalón más en el desarrollo luego de las reformas liberales de los 90. Permitiría pasar a una nueva etapa en la que el crecimiento dependa cada vez más de las capacidades intelectuales y tecnológicas de nuestra población, haciendo posible el incremento de la productividad en todos los sectores y en todas las empresas. Le permitiría al Perú evadir la trampa del ingreso medio y relanzar los motores de nuestro crecimiento para avanzar de manera acelerada y sostenida como lo hicieron los países del Sudeste Asiático. 
Ahora, por supuesto, no se trata solo de aumentar los recursos, sino de gastarlos bien (de lo contrario, no estaremos hablando de una inversión, sino más bien de un desperdicio). Y para eso hay que ver qué planes tiene el Estado para gastarlos. 

El ministro de Educación ha expuesto algunas ideas al respecto. Plantea, para comenzar, la ambiciosa y sugerente meta de que a la carrera magisterial ingresen los mejores. Para eso, agrega, habría que subir el salario inicial (que es de los más bajos en América Latina) y tener una carrera magisterial seria, meritocrática, en la que los mejores permanezcan. Asimismo, que tenga facilidades de capacitación dentro y fuera del país, así como supervisión y acompañamiento en el aula y materiales adecuados. Estas metas, sin duda, son de una gran importancia. Pero lo cierto es que el gobierno hasta el momento prácticamente no ha dado pasos importantes al respecto (y, de hecho, retrocedió en lo que había avanzado el gobierno pasado), por lo que se esperaría ver novedades pronto si los anuncios son serios.

Lo segundo que ha planteado el ministro es el desarrollo de la infraestructura, cuya brecha alcanza los 56 mil millones de soles, cerca del 10% del PBI, y que se encuentra en estado lamentable: el 30% de las escuelas no tiene electricidad, el 43% no tiene agua y el 53% carece de Internet. Además, faltan centros de educación inicial y la secundaria se dicta a tiempo parcial porque faltan colegios. Escasean, asimismo, losas deportivas, bibliotecas, pisos y techos adecuados, entre otras cosas. El ministro propone la buena idea de que esta infraestructura faltante se ejecute vía asociaciones público-privadas (APP) y mediante obras por impuestos, incluyendo el mantenimiento de la misma, algo vital para no tener que gastar luego mucho más en rehabilitar o reconstruir. 

El ministro, sin embargo, no aplica el mismo principio (el de celebrar APP) para la gestión, lo cual sería clave. No ha reparado en la conveniencia de establecer alianzas público-privadas, por ejemplo, al estilo de Fe y Alegría, los colegios de alternancia, las escuelas exitosas de IPAE o las escuelas rurales productoras. Todas estas tienen rendimientos escolares bastante superiores al promedio y en algunos casos superiores a los mejores colegios privados, lo que demuestra que son un modelo de gestión que podría ser aprovechado si se generalizase. 

Ahora, quizá el tema más importante para aprovechar bien estos recursos es otro que también se encuentra ausente en la agenda del ministro: empoderar a los padres. Son ellos quienes deberían tener la mayor capacidad de decidir qué instituciones educativas dan buenos resultados y cuáles no. Y es que ellos, más que nadie, tienen interés en que sus hijos reciban una buena educación y ven de cerca cómo opera cada colegio.

La manera de empoderarlos, como hemos planteado en oportunidades anteriores, es establecer un sistema de bonos para que los padres paguen con ellos a la institución en la cual quieran matricular a sus hijos (sea pública o privada). Es decir, un sistema que, en vez de que subsidie a la oferta como el actual, subsidie a la demanda. Mediante él, se daría a los padres la posibilidad de, mediante su elección, dirigir los fondos públicos hacia las instituciones que den mejores resultados y se generaría competencia entre las escuelas por brindar un servicio más eficiente. Esta sería una reforma clave para asegurar que el dinero sea bien usado y no termine, como es costumbre en el Estado, financiando inútil burocracia. 
La enorme inversión que planea hacer el Estado Peruano en educación, como hemos dicho, podría terminar permitiendo el gran salto que requiere nuestro país. No obstante, si no se crean los incentivos para que se gaste correctamente, puede llevarnos a que el salto sea, lamentablemente, hacia atrás.