Editorial: Gritos de terror

Gran indignación ocasionó esta semana el desarrollo de una audiencia en el juicio que se sigue a diversos cabecillas terroristas por el atentado ocurrido en la calle Tarata, en Miraflores, hace 25 años.

La procuradora antidrogas que participaba en la audiencia, Sonia Medina, denunció haber sido amenazada por el cabecilla terrorista Abimael Guzmán el martes pasado, luego de que esta interrogara al ex jefe del GEIN Marco Miyashiro –quien comparecía como testigo– por los vínculos de Sendero Luminoso con el narcotráfico.

Frente a las preguntas de Medina y las respuestas del actual congresista de la República, el ex dirigente de Sendero Luminoso reaccionó de manera airada. “A mí no me van a acusar de narcotraficante, no acepto eso”, vociferó Abimael Guzmán, mientras se acercaba a la salida junto a sus coprocesados, lo que motivó que el juez Edhin Campos le llamara la atención y lo conminara a retornar a su sitio, pese a lo cual Guzmán desobedeció y gritó: “Yo me voy porque quiero”.

Este episodio ocasionó que el juez le comunicara su decisión de expulsarlos de la sala a él y a los demás miembros de la cúpula terrorista. “Usted no sabe con quién se ha metido [...]. No voy a soportar tus infamias”, le gritó Guzmán a la abogada del Estado al retirarse de la habitación, apuntándola con la mano, conforme relata la procuradora. Y sus alaridos continuaron camino a la salida, acompañados por los de Florindo Flores ‘Artemio’, quien gritaba: “No somos mafiosos ni narcotraficantes”.

El exabrupto del último martes no trascendería más allá de la sala de audiencias y del poder disciplinario que ahí ejercen los magistrados. Sin embargo, en este caso, no se trata de un procesado cualquiera ni tampoco de un incidente anecdótico.

No es la primera vez que Abimael Guzmán y otros miembros de la cúpula terrorista se comportan de manera amenazante y desobedecen las instrucciones del tribunal que los juzga, lo cual debería dar a pie a que se les impongan con dureza las máximas sanciones que resultan aplicables para este tipo de inconductas. Pero más allá de eso, su actitud trasluce, una vez más, las entrañas antidemocráticas que, pese a un encarcelamiento de 25 años, brotan naturalmente en el criminal.

Al atacar verbalmente a la procuradora antidrogas e ignorar las llamadas de atención del juez a cargo de la audiencia, Guzmán y los terroristas de Sendero Luminoso ratifican nuevamente su desprecio por el sistema de justicia propio de un Estado de derecho, al cual desafiaron hace más de tres décadas para, a punta de armas y sangre, tratar de imponer sobre el resto de personas una ideología autoritaria.

Paradójicamente, además, su reacción indignada se basa en una mentira. Pues está suficientemente documentada la relación entre el terrorismo y el narcotráfico como una de sus principales fuentes de financiamiento desde la década de los 80, conforme se advierte en documentos como el informe de la Comisión Especial del Senado sobre las Causas de la Violencia y Alternativas de Pacificación en 1989 y el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el 2003.

Los histriónicos alaridos de los cabecillas terroristas, entonces, apenas han servido para recordarnos a todos y enseñar a los jóvenes que no padecieron ese flagelo quiénes fueron estos personajes y cuáles son sus formas: unos criminales que, con total menosprecio por la vida ajena y por la verdad, intentaron derrumbar un Estado de derecho que finalmente los derrotó.