Editorial: Guardia chalaca

Las ilusiones más efectivas son aquellas que logran combinar sutilmente la fantasía con un toque de realidad. Pasa en la realidad virtual aumentada que hoy sumerge a las generaciones más jóvenes en un nuevo videojuego para celulares, y pasa también en las políticas públicas. El ejemplo perfecto de ello es la reciente extensión del estado de emergencia en el Callao.

Existe, por supuesto, cierta dosis de realidad y evidencia que avalaría la prórroga de la medida. Entre enero y agosto de este año (el estado de emergencia entró en vigor a inicios de diciembre del 2015), el número de homicidios cometidos con armas de fuego se redujo con respecto al mismo período el año pasado. Asimismo, según Cluber Aliaga, jefe de la Región Policial del primer puerto, a junio del presente año se realizaron más de 5.000 capturas de sospechosos y requisitoriados en toda la provincia. Estos son algunos de los hechos referidos por las autoridades para justificar la extensión.

Pero esta evidencia resulta limitada y esconde más de fantasía de lo que a los responsables de política de seguridad en el país, y sobre todo a los ciudadanos directamente afectados, les gustaría creer. 

La suspensión de garantías constitucionales en el Callao ha tenido un impacto más bien discreto sobre la tasa de homicidios y otras variables asociadas al crimen. Así, si bien los asesinatos con armas de fuego entre enero y agosto pasaron de 73 el año pasado a 53 este año, los robos al paso y de celulares siguen siendo tan recurrentes como antes, y en algunos meses como enero y abril del presente año, la incidencia de homicidios aumentó.

Más aun, ello ha venido a expensas del deterioro en las condiciones de seguridad en otros puntos de la ciudad. En San Martín de Porres, el número de robos aumentó en 40% respecto al 2015 debido a que, según la fiscalía, las bandas delincuenciales del Callao se trasladaron a ese distrito. De acuerdo con el alcalde de San Martín, Adolfo Mattos, los casos de asesinatos, violaciones sexuales, y otros delitos han subido significativamente a consecuencia del Estado de Emergencia en el Callao. Como en un espejo de feria, la imagen del crimen se distorsiona y se repite en otro lugar.

La ilusión de la efectividad de la medida debe ser, sin embargo, poderosa. De otro modo no se explica que la última extensión sea la sexta aplicada consecutivamente en el Callao, y la segunda emitida por este gobierno. A pesar de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski, cuando era candidato, se mostró escéptico de la suspensión de garantías constitucionales para luchar contra la delincuencia, y que el mismo ministro del Interior, Carlos Basombrío, reconoce que “eso no se puede convertir en política de Estado”, el Callao lleva ya una declaratoria de emergencia, seis prórrogas y casi nueve meses en esta situación.

Ante la falta de iniciativas novedosas y decididas para combatir el crimen común y el organizado, el estado de emergencia cumple la función de trasmitir a la ciudadanía que “algo se está haciendo” para fortalecer la seguridad. Que la medida sea en realidad poco efectiva y que simplemente traslade el problema a otros distritos, eso queda detrás del telón.

El ministro Basombrío tiene apenas un mes en el cargo y sería injusto esperar resultados inmediatos en un asunto tan complejo. Aun así, optar por alternativas cuyo mérito es más la apariencia de la mano dura que la efectividad, en el largo plazo, corre el riesgo producir el mismo efecto que poner un espejo frente a otro: multiplicar el problema.