Editorial: La guerra por Yovera

En su aparente esfuerzo por no perder un voto en el Congreso, el gobierno fue demasiado lejos y puso en riesgo una discusión necesaria sobre las medidas que se deben implementar para reactivar la economía y atacar la inseguridad. Su resistencia al desafuero del legislador Alejandro Yovera, efectivamente, se convirtió en uno de esos empeños que, mientras más se dilataba en el tiempo, más perjudicaba a quien lo persigue. Y además puso en riesgo la aprobación de facultades legislativas que, a su propio juicio, resultan indispensables. 

Yovera, como se sabe, fue elegido en el 2011 en las listas del fujimorismo, pero en el 2012 salió de esa bancada tras haber sido denunciado por mentir en su hoja de vida con respecto a una supuesta maestría. Más tarde, en marzo del 2014, un juzgado de Huánuco lo condenó por esa razón a dos años de prisión suspendida y lo inhabilitó para ejercer cualquier cargo público por igual período. Luego, en noviembre pasado, la Corte Suprema notificó al Congreso de esa condena y el mecanismo de su desafuero empezó a depender de la presidencia de la Mesa Directiva, en manos del oficialismo.

Desde ese momento, sintomáticamente, Yovera tendió a votar con el gobierno en trances críticos –como la moción de censura a la entonces presidenta del Consejo de Ministros Ana Jara–, lo que reforzó la impresión de que, con pretextos de trámite, el humalismo le daba largonas al cumplimiento de la sentencia para seguir contando con su respaldo. La sospecha alcanzó visos de certeza en estos últimos días, cuando la oposición se resistió a darle quórum a las sesiones del pleno mientras el desafuero de Yovera no fuese ejecutado y, pese a que eso suponía frustrar la presentación del pedido de facultades, el oficialismo se empecinó en sus afanes dilatorios.

La presidenta del Legislativo, Ana María Solórzano, anunció a principios de esta semana que el asunto se vería recién mañana y con ello, torpemente, convirtió lo que debía haber sido un traspié menor en una doble derrota, pues sus propios vicepresidentes –Modesto Julca, Norman Lewis y Esther Capuñay– se hicieron eco de la demanda opositora y la obligaron a retroceder.

Todo esto, además, en un contexto en el que se debería haber tratado de ganar la buena disposición de las bancadas opositoras hacia las facultades solicitadas por el primer ministro, en lugar de tensar las relaciones con aquellas. Pero con una perfecta combinación de ceguera y tozudez, el humalismo se embarcó en esta guerra que no solo tenía perdida desde el principio, sino que también lo ha hecho lucir complaciente frente a las villanías de Yovera. 

No obstante, estas consideraciones –importantes como son– no eximen al Congreso de las responsabilidades que le competen frente al pedido de facultades del Ejecutivo. La debilidad que hoy presenta el oficialismo y los cálculos políticos de tirios y troyanos –que calientan cada vez más con la cercanía de las elecciones– no pueden ser justificación para condicionar la delegación de facultades legislativas, sobre todo frente a las crisis en materia económica y de seguridad que hoy enfrenta el país. Si la presentación del líder del gabinete convence, el Legislativo debe actuar responsablemente y responder con votos de manera acorde.

Por un lado, es patente que la situación económica necesita de mejores condiciones del Estado para retomar el rumbo. Las inversiones privada y pública permanecen débiles. Según el Banco Central de Reserva, el primer trimestre la inversión privada cayó 3,9%, en tanto que la pública lo hizo en 26,5%. Algunas de las medidas propuestas por el Ejecutivo, como la que promueve las asociaciones público-privadas y las obras por impuestos, podrían tener un efecto positivo sobre la economía en caso estén bien diseñadas.

Por otro lado, la inseguridad ciudadana –que ha pasado a ser la principal preocupación del país, por encima de la corrupción y el desempleo– es un asunto en el que el Estado no puede seguir poniendo parches y actuando de forma reactiva. Una reforma operativa y organizacional de la Policía Nacional –que el Ejecutivo ha planteado sin mucho mayor detalle– podría ser el primer paso en esta dirección. 

Por todo ello, con prescindencia de lo ocurrido con el congresista Yovera, el Congreso tiene el deber de estar a la altura de las circunstancias, poner el cálculo político a un lado y actuar de acuerdo con lo que el país necesita. El Ejecutivo ha puesto la bola en cancha de los parlamentarios, y son ellos ahora los únicos responsables de llevar a buen término el trance que nos permita salir de las crisis que enfrentamos.