Editorial El Comercio

La fiscalía ha hallado frente a la oficina de la subsecretaría del despacho presidencial con fecha 7 de diciembre del 2022 que termina de lapidar al expresidente golpista . En él, se dispone la disolución extraordinaria del y se convoca a elecciones para un nuevo Legislativo (que, irónicamente, tendrían que haberse celebrado el domingo pasado). El documento, difundido por el dominical “Contracorriente” de Willax, provee una prueba incontrastable de que el depuesto mandatario planeó el zarpazo a nuestro sistema democrático con tiempo y cómplices, y, sobre todo, que realmente pensaba llevar su ruptura del orden constitucional hasta las últimas consecuencias.

Para que un decreto ley conteniendo lo señalado estuviera ya redactado la mañana del infausto mensaje con el que el entonces gobernante anunció su atropello a la democracia, tiene que haber existido, en efecto, una conspiración. Chapucera, desde luego (como quedó evidenciado por la rapidez con la que fue conjurada), pero no por ello menos criminal. Tienen que haber existido también secuaces, porque es evidente que la redacción del decreto ley excede los conocimientos y el dominio del idioma del exmandatario.

Como se recuerda, una vez desbaratado el golpe, los defensores de oficio o espontáneos del ex jefe del Estado ensayaron diversos argumentos, cada uno más disparatado que el otro, para sostener que lo que todos habíamos visto y escuchado en una transmisión en cadena nacional no era lo que era. Algunos formularon la risible teoría de que y no sabía lo que estaba leyendo, y otros aseveraron que lo que pronunció fue solo una declaración política, pues era consciente de que su proyecto no tenía cómo materializarse. Los videos de los momentos en cuestión dieron elementos de juicio más que suficientes para descartar ambas fabulaciones. Y aportaron, además, indicios de algo que la aparición de este decreto ley confirma: Castillo no actuó solo.

Recordemos, si no, el testimonio ofrecido por la reportera de TV Perú que acudió a Palacio de Gobierno para grabar el discurso golpista, Cintya Malpartida, en el sentido de que, una vez apagadas las cámaras, la entonces presidenta del Consejo de Ministros, , le comentó que tenían que sacar que formalizase todas las medidas que había ordenado el ahora expresidente. Un testimonio que tras el hallazgo del Ministerio Público adquiere mayor verosimilitud.

Pedro Castillo, pues, sí incurrió en el presunto delito de rebelión y, en consecuencia, que se dictó en su contra tras su captura y detención se justifica (como también por el presunto delito de corrupción y organización criminal).

En honor a la verdad, es claro que, aun sin el descubrimiento de este documento, los elementos para acusar al exmandatario de golpista resultaban suficientes, y su permanencia en donde está, garantizada. Pero el hallazgo no solo lo lapida a él. Delata, asimismo, la postura hipócrita de quienes buscaron subterfugios descabellados y absurdos para tratar de hacerlo pasar por inocente e invertir la figura en lo que concierne a quién era la víctima y quién el victimario de lo ocurrido el 7 de diciembre pasado. Auténticos caraduras que ahora han sido expuestos ante la opinión pública y que, en más de un caso, verán su situación legal complicada.

Haría bien nuestra cancillería, por otra parte, en divulgar lo descubierto, pues termina de echar por tierra las coartadas que, con enorme desparpajo, han ensayado los jefes de Estado de México y Colombia desde que el frustrado dictador fue retirado de la presidencia y detenido. y , como se sabe, han sido los principales voceros de la patochada según la cual Castillo fue el golpeado y no el golpista, y con la aparición de este documento terminarán de ser objeto del escarnio que merecen. Las mentiras, dicen, tienen piernas cortas, y las que improvisaron los aliados y valedores del actual inquilino del penal de Barbadillo lo acaban de confirmar.

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