La situación de la economía mundial es más compleja de lo que parece. No es un tema que los electores tengan en cuenta inmediatamente. El próximo gobierno, de todas maneras, enfrentará un entorno difícil e incierto.
Grandes economías que tienen impacto en nuestro país –como las de China y Brasil– tendrán tasas de crecimiento bastante más bajas que las de años anteriores. Brasil, incluso, podría tener un decrecimiento de -3,5% en el 2016. Eso quiere decir que se va a desacelerar el ritmo en la demanda de nuestros productos de exportación.
El crecimiento de Estados Unidos no llegaría al 3%, la zona del euro estaría en 2,2% y Japón en alrededor de 1%, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional. No hay expectativas, además, de que se enfrente el problema de fondo de las economías desarrolladas; a saber, su gigantesca deuda pública.
Japón tiene una deuda pública equivalente al 242,6% de su PBI. Estados Unidos debe 104,8%; Francia, 95,6%; el Reino Unido, 88,2%; y Alemania, 74,9%. No es necesario hablar de España, Italia o Portugal, que no son los más desarrollados y tienen deudas que sobrepasan el 100%.
Afrontar la deuda de los países desarrollados tiene un costo enorme para la economía mundial. Esta deuda ejerce presión sobre las finanzas internacionales, desplaza la deuda que podría estar orientada a la producción y encarece sobremanera el costo del dinero en todo el mundo
Pagar los compromisos, sobre todo, supone que las actividades productivas cuenten con menos recursos. No es necesario cuantificar el impacto de la deuda pública de los países desarrollados sobre las posibilidades de crecimiento de sus economías y de la economía del resto del mundo. Es evidente el tremendo obstáculo en que se ha convertido para el crecimiento y el desarrollo.
En ninguno de los países mencionados se ha planteado una reforma de la gestión pública que permita reducir drásticamente su nivel de endeudamiento, por lo que seguirán igual o tal vez peor.
Los precios de las materias primas no mejorarán, el petróleo seguirá su tendencia a la baja y el dólar se mantendrá al alza. En estas circunstancias, el próximo gobierno tendrá que preparar la economía nacional para enfrentar un endurecimiento de las condiciones en el exterior.
Varios candidatos han señalado que financiarán sus proyectos haciendo uso del Fondo de Estabilización Fiscal. Al momento actual algo así no se podría hacer, porque la ley lo impide. Por eso, hay que ser muy críticos con los candidatos que muestren intenciones de cambiar la ley para tomar las reservas fiscales.
Sin crecimiento no van a mejorar los ingresos de las familias. Si a eso se agrega la amenaza de la inflación, el panorama interno exige una actitud de responsabilidad y no de relajamiento de las restricciones fiscales
Más que ofrecer subsidios, aumentos nominales de la remuneración mínima vital o créditos preferenciales, los candidatos y sus equipos deben concentrarse en garantizar el retorno a la estabilidad de la moneda y el saneamiento de las cuentas del Tesoro. Debe ser prioridad la lucha frontal contra la inflación.
El aumento de los precios tiene relación con las políticas de estímulo que se dieron hace un año. El próximo gobierno debe dejar de lado esa receta y concentrarse en los fundamentos de la economía. No se debe especular, por ejemplo, con administrar el déficit fiscal, que ya superó el 2% del PBI.
Para mejorar la gestión pública se debe buscar una mayor eficiencia en el gasto. No tenemos margen para políticas aventureras sobre el crédito, la moneda o las cuentas fiscales. La situación internacional y la condición de la economía nacional no dan margen para la especulación, el experimento o los buenos deseos sin sustento.
Lamentablemente, en los programas de todos los principales candidatos se ve uno u otro de estos defectos. Ojalá la competencia electoral no impida que ellos hagan un replanteamiento.