Historia sin fin

Un informe del programa “Punto final” puso este domingo un mal que desde hace tiempo afecta a nuestras conformaciones parlamentarias una vez más sobre el tapete. La noticia en esta ocasión fue que por lo menos cinco trabajadores o extrabajadores del despacho de la congresista Rosio Torres, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), la han acusado de haberlos obligado a depositar parte de sus sueldos en la cuenta de su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra.

Los denunciantes y las transferencias de cada uno de ellos son las siguientes: Cecilia Salazar Matos, asesora de la legisladora entre julio del 2021 y agosto del año pasado, S/24.562; Jesús Sierra Tapia, también asesor de la congresista, S/4.400; Abigail García Díaz, auxiliar de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cuando esta era presidida por Torres, S/2.000; César Macedo von Bancels, asistente del despacho, S/1.000 mensuales; Estefanía Calvo Zúñiga, S/2.000 (en una sola oportunidad), y una trabajadora más, de nombre no revelado, que ha mostrado al mencionado programa dominical el comprobante de un depósito a favor de Pérez Guerra por S/6.850.

El pasado 29 de marzo, además, minutos después de haber sido consultada sobre la veracidad de las denuncias, las cámaras del espacio periodístico captaron a la parlamentaria mientras borraba las conversaciones que había sostenido con su sobrino por WhatsApp y escribiéndole: “Han estado armando esto hace tiempo. Le tengo al enemigo en la oficina [sic]”.

Las reacciones, desde luego, no se hicieron esperar. Por un lado, Torres divulgó un comunicado en el que niega tajantemente haber requerido pago alguno a los trabajadores de su despacho y anuncia que solicitará una investigación exhaustiva de los hechos, al tiempo de ponerse a disposición de las autoridades. Y, por el otro, el procurador general del Estado, Daniel Soria, presentó una denuncia contra ella por el delito contra la administración pública en la modalidad de concusión. En paralelo a esas acciones, APP retiró a la cuestionada representante de la Comisión de Ética y congresistas de diversas bancadas demandaron que ese grupo de trabajo le inicie sin demora una investigación. De acuerdo con varios abogados penalistas consultados por este Diario, por último, el Ministerio Público –que ya está al tanto de los hechos– podría abrirle también una investigación a Torres por peculado doloso, concusión, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.

La situación, como es obvio, resulta por demás escandalosa… Pero está lejos de constituir un episodio único en la historia reciente de nuestras conformaciones parlamentarias. La representante Magaly Ruiz (también de APP), por ejemplo, ya tiene una investigación abierta por la Fiscalía de la Nación por el mismo problema. Y si hacemos un ejercicio de memoria un poco más vasto, podemos evocar una sorprendente cantidad de casos de corte similar. El del excongresista de Solidaridad Nacional Michael Urtecho es seguramente el más saltante, pero el mal descrito ha estado, durante las últimas dos décadas, presente en bancadas de todo signo ideológico, y todo sugiere que no está camino a desaparecer.

Si añadimos finalmente a este cuadro la poca disposición de los congresistas de sancionar a sus colegas pillados en situaciones igualmente reprobables (puesta en evidencia en la actitud del pleno ante los casos de Luis Cordero Jon Tay, Elvis Vergara y Jorge Luis Flores Ancachi el pasado jueves), el panorama es desolador. La imagen que la ciudadanía se lleva es la de un cogollo de políticos privilegiados que se cubren las espaldas entre sí y cuyo principal objetivo es obtener del cargo que ostentan beneficios legales e ilegales.

En consecuencia, las mediciones de su aprobación a través de las encuestas arrojan resultados cada vez peores, y el desprestigio del sistema democrático se profundiza.

La denuncia contra la legisladora Rosio Torres es, pues, solo un nuevo episodio en una historia sin fin que alimenta a los que quieren ver el derrumbe del orden constitucional. Y lo peor de todo es que nadie en la plaza Bolívar parece muy preocupado por eso.