Editorial: La hora del sicario

Hoy se celebran elecciones municipales y regionales en todo el país. En total, se elegirán 12.640 autoridades  regionales  y municipales (entre presidentes y consejeros regionales, alcaldes y regidores).

Sean los que fuesen los resultados de estas elecciones, la propia campaña ha dejado, entre otras cosas, la siguiente idea clara: la infiltración de las más diversas mafias  en nuestra política es un hecho cada vez más extendido, consolidado y grave. Las mafias del narcotráfico, del contrabando, de la minería y la tala ilegal, de la construcción, de las licitaciones y del simple saqueo de las arcas públicas, cada una lucha en sus zonas de influencia por llegar al poder público o por mantenerse en él.

Como consecuencia de lo anterior, el chantaje, el soborno y la violencia pura y dura se han hecho instrumentos de campaña cada vez más presentes. Un ejemplo muy ilustrativo es el del distrito huanuqueño de Amarilis. En la última década dos alcaldes de Amarilis han sido asesinados y esta semana un candidato a su sillón municipal (hijo de uno de los alcaldes fallecidos) recibió un elocuente mensaje cuando su camioneta fue quemada mientras estaba cuadrada a pocos metros de su casa, en la que él dormía.  

Pero ese es solo un ejemplo. Hay muchos más: en marzo de este año, Ezequiel Nolasco, opositor de César Álvarez, el hoy preso ex presidente regional de Áncash, fue asesinado por un sicario antes de que pudiese oficializar su postulación a la presidencia de esa región. El mismo mes, Miguel Huacre, candidato a la Presidencia Regional de Apurímac, fue lanzado desde un precipicio, mientras en Amazonas asesinaban a Damel González, padre de una abogada que se había negado a retirar su postulación a una alcaldía. Un mes después, fue acribillada la camioneta en que viajaba el líder de un movimiento regional ancashino opositor del antes mencionado Álvarez. Luego, en julio, un candidato regional fue asesinado en Huacho. Y hace menos de una semana fueron aniquilados de sendos disparos Líder Villazana, candidato a la alcaldía del distrito de San Martín de Pangoa (en Satipo), y Alejandro Manyaró (candidato a regidor de la alcaldía de Zarumilla, en Tumbes).

Y eso para hablar solo de los asesinatos. Dejando atrás, esto es, los atentados, secuestros, extorsiones y actos de vandalismo, todos ellos con fines políticos, que la Defensoría del Pueblo ha contabilizado en lo que va del año. Como dice Rolando Luque, de la mencionada institución, estamos viendo un fenómeno nuevo en el Perú: los sicarios están entrando a las campañas.

En la misma línea, el Jurado Nacional de Elecciones acaba de advertir que existe riesgo de que haya violencia electoral hoy –quema de ánforas, retención de actas, tomas de locales de votación, etc.– en 141 localidades, por lo que se ha tenido que alertar a la policía para que haga un despliegue especial en ellas. En cualquier caso, aun cuando solo la mitad de estos riesgos estuviese bien fundamentada, 141 puntos muestran un incremento geométrico respecto de las 34 localidades donde ya se dieron este tipo de actos en el 2010, las 22 que los padecieron en el 2006 y las 13 del 2002.

¿Qué es lo qué ha pasado? Entre muchos factores sobresale uno: se han multiplicado enormemente los recursos de los que disponen los gobiernos regionales y municipales por los que se pelean estas bandas sin que al mismo tiempo se hayan fortalecido en proporción siquiera semejante las instituciones que existen para dotar de mayores filtros, responsabilidad y control al sistema democrático (principalmente los partidos), así como las que tienen por función la lucha contra la corrupción y el crimen (de hecho, todas las bandas regionales que han caído en el último año se han caracterizado por tener entre sus integrantes a policías, jueces y fiscales). Como resultado de lo primero nuestras elecciones son auténticas loterías entre desconocidos surgidos para la ocasión (en esta elección están compitiendo 116.252 candidatos y 14.171 movimientos regionales y locales) por los que luego no responde nadie. Como consecuencia de lo segundo, los gobiernos regionales y locales son botines cada vez más fácilmente disponibles y, por lo tanto, atractivos para los profusos candidatos “con prontuario” de los que acaba de hablar el presidente.

Está claro que esta combinación de bolsillos fuertes con instituciones débiles se ha vuelto cada vez más peligrosa e inviable. Además, desde luego, es autodestructiva. Hay un límite a lo que puede aguantar una sociedad desprovista de caminos de representatividad eficientes sin detonar por alguna parte. Por otro lado, llegará un momento –si es que no ha llegado ya– en que los sicarios, las balas, las licitaciones arregladas, los chantajes y las coimas serán el principal obstáculo para la continuidad del crecimiento. 

El principal reto de lo que queda de este gobierno –así como el del que venga– tiene que ser este: invertir en construir las instituciones que permitan recuperar al país para la ley y pongan cauces que doten de contenido y viabilidad a nuestra democracia.