Editorial: Huelga de lápices caídos

Difícilmente uno llega a escuchar acerca de una huelga de lápices caídos protagonizada por escolares en contra de la calidad de enseñanza que reciben en colegios del Estado. Tampoco de una marcha de pacientes no atendidos de hospitales públicos. Un plantón en el frontis del Palacio de Justicia reclamando que los juicios se resuelvan dentro del plazo legal suena tan inverosímil como una simbólica procesión de los 5 millones de personas que aún no tienen acceso a agua potable hacia el local de Sedapal.

Cada cierto tiempo, en cambio, presenciamos multitudinarios desplazamientos de los profesionales de la educación y la salud que laboran en el Estado. No son infrecuentes las manifestaciones públicas de los sindicatos de trabajadores de Sedapal y otras EPS en contra de cualquier intento de privatización, y la huelga de trabajadores del Poder Judicial prácticamente forma parte del calendario ya conocido por abogados y litigantes.

La aún vigente huelga de maestros que, con distintos protagonistas, se ha prolongado por más de dos meses ha puesto de manifiesto las deficiencias que el servicio educativo estatal todavía presenta. Pese a los esfuerzos de gestión e inversión en los últimos años (la partida de educación se ha convertido en la más importante del presupuesto público), los sueldos de los docentes se encuentran todavía por debajo de los de muchos países de la región, la brecha de la infraestructura educativa bordea los S/100 mil millones y nuestros estudiantes recién empiezan a salir del sótano en las evaluaciones internacionales de prestigio como las pruebas PISA.

En estas circunstancias, un sector importante de la población se solidarizó con los pedidos de los maestros, en particular, en lo que se refería a la mejora de sus condiciones laborales. Este apoyo inicial, sin embargo, se ha venido disipando pues se han empezado a detectar agendas políticas oscuras en algunos líderes sindicales, así como intransigencia en lo que respecta a la calidad educativa. El hecho de que algunos representantes del magisterio hayan propugnado dejar de lado las evaluaciones de desempeño a los docentes y sus consecuencias se contrapone a lo que la gran mayoría de la población considera como necesario y valioso.

Las demandas de los docentes tenían mayor eco cuando el costo lo asumía el Estado, pero pierden respaldo cuando los principales afectados son los alumnos. Esto es así pues, en la nueva ecuación planteada a la opinión pública, aun si los cerca de 200 mil profesores que todavía se mantienen en huelga pretendieran –como planteaba Pedro Castillo– cuidar su puesto de trabajo, recibir capacitaciones y aumentos de sueldos sin someterse a criterio meritocrático alguno, pesa más el bienestar de los más de 6 millones de escolares que tienen derecho a recibir una formación de calidad.

Resultaría ingenuo pensar, sin embargo, que estudiantes y peruanos en general no hemos asumido ya altísimos costos con esta huelga. Solo en el Cusco, las pérdidas agregadas por los bloqueos de vías y cierre de comercios se estimaban en US$100 millones al día, según la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno. El aumento de los salarios de los docentes concedido por el Minedu representará un costo anual cercano a los S/1.000 millones, un monto que, quiérase o no, algún otro sector (llámese salud, cultura, transportes o seguridad) tendrá que solventar.

El beneficio concentrado de un grupo de interés puede significar, en este contexto, el perjuicio difundido de un conjunto incluso mayor de ciudadanos, pero que no está suficientemente organizado como para salir a marchar. Así como los alumnos perderían si se eliminaran las evaluaciones a los docentes, el aumento del sueldo de un profesor podría implicar también la imposibilidad del incremento remunerativo futuro de un médico o un policía.

La escasez de recursos de un país pobre en recaudación fiscal como el Perú no significa que algunas demandas legítimas no deban ser atendidas, sino más bien debe ser un llamado a tomar consciencia de que el dinero que se gasta en una necesidad supone menos dinero para atender la siguiente. Y más conscientes aun deberían ser nuestros representantes en el Gobierno y el Congreso, pues a ellos les hemos confiado nuestro dinero y la decisión de cómo administrarlo planificada y responsablemente… Salvo que esperen que los ciudadanos nos declaremos en huelga.