Editorial: Los infiltrados

EDITORIAL

Ya se sabe que una serie de mafias –las de la construcción, las de la minería ilegal, las del narcotráfico, las del contrabando, entre otras– están adueñándose más y más de un creciente número de regiones del país sin que el Estado parezca hacer mucho por detenerlas. La situación, sin embargo, está cobrando un giro cada vez más perverso: en muchos de estos lugares no es solo que estas mafias florezcan ante la impotencia del Estado, sino que ellas son el Estado. Una situación que, según todo apunta, se agravará en las próximas elecciones regionales y locales, en donde entre los más de 100.000 candidatos que sin duda se presentarán en el país (se juegan más de 12.000 puestos entre los regionales y los municipales) es de esperar que estén escondidos por todas partes los representantes del crimen organizado de cada jurisdicción.

Es más. Que esto último suceda no solo es “esperable”, sino que está siendo de hecho esperado por las dos entidades estatales encargadas de llevar a cabo los diferentes aspectos del proceso electoral: la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En efecto, ambas instituciones han puesto de lado esta semana sus consuetudinarios recelos mutuos para emitir un comunicado conjunto en el que advierten, además de la posibilidad de un clima de violencia que pueda perjudicar el normal desenvolvimiento del derecho ciudadano a elegir, el riesgo de que el crimen organizado “penetre […] dentro del mencionado escenario político electoral”.

Naturalmente, este comunicado podría resultar tranquilizador. Después de todo, muestra que ambas entidades son conscientes del peligro que enfrentan y sirve también para que las dos llamen a trabajar en conjunto para prevenirlo a todas las entidades del Estado y de la sociedad civil que puedan tener que ver en ello (“las instituciones responsables de la protección de los derechos y la seguridad de las personas y de la administración de justicia, así como las organizaciones políticas y de la sociedad civil, y medios de comunicación”).

El tema, sin embargo, pasa de tranquilizador a inquietante cuando uno recuerda que son justamente las dos instituciones firmantes del comunicado las encargadas de funcionar como filtro oficial de las candidaturas que se presenten, revisando, entre otras cosas, la veracidad de las hojas de vida que los candidatos están obligados a presentar y las proveniencias de sus financiamientos. Con lo que el comunicado acaba pareciéndose al grito de un arquero que, antes de comenzar el partido, se cura en salud anunciándole a la hinchada que se vienen un montón de goles dentro de su arco. Una mala señal, por donde se le mire.
Desde luego, la ONPE y el JNE podrían decir que carecen de los medios para cumplir estas esenciales funciones de verificación. Pero si ese fuese el caso, su comunicado tendría que haber sido para reclamar estos medios, anunciando de lo contrario las renuncias de sus cabezas. No para vaticinar su próxima derrota.

Por otra parte, no es el caso que la labor de verificación de hojas de vida y la de seguir la pista del dinero sea tan irremontable como la manera en que se ha venido llevando a cabo podría hacer pensar (¿alguien recuerda el caso del actual congresista Wilder Ruiz, quien se presentó en su hoja de vida como graduado de una carrera técnica que no existe y de otra profesional sobre la que no cursó ni un cuarto de la malla curricular? ¿Y en qué quedaron las investigaciones sobre las diferentes denuncias de financiamientos oscuros que aparecieron con bastante verosimilitud en nuestras dos últimas elecciones?).

Por lo pronto, respecto de las hojas de vida, bastante se lograría con tan solo interconectar los sistemas informáticos del JNE, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional (labor que tendría que estar comprendida por la “plataforma de interoperabilidad del Estado” que se supone viene realizando la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico) para hacer los cruces pertinentes. Y respecto tanto de estas hojas como de los financiamientos, se podría trabajar seleccionando muestras y teniendo un equipo especialmente dedicado a estas verificaciones, en coordinación con la Dirección de Inteligencia Nacional (o DINI).

Es cierto que nada de esto garantiza unas elecciones sin infiltrados de la mafia. Hay medidas de ingeniería política que se deben tomar –aunque ya sea demasiado tarde para efectos de estas elecciones– a fin de ir a un sistema de pocos partidos con militancia nacional, donde haya una verdadera institución que responda por cada candidato y donde las elecciones locales y regionales dejen de ser estas loterías entre aventureros y caudillos desconocidos.
Pero también es verdad que no podemos esperar mucho de cualquier reforma si es que las pocas instituciones filtro existentes nos anuncian, a cinco meses de las elecciones, que se viene un proceso electoral lleno de infiltrados como esos que, precisamente, ellas deberían detener.