Caminar por las avenidas Abancay o Emancipación genera una sensación de retorno al pasado. Comida, ropa, juguetes, entre otros productos, son ofrecidos por ambulantes que han invadido áreas públicas en estas y otras vías del Cercado, dando la impresión de que Lima eventualmente podría volver a convertirse en lo que fue antes del gobierno de Alberto Andrade.
No hay que hacer mucha memoria para recordar esa penosa época de Lima. En ese entonces, los ambulantes eran dueños y señores de la gran mayoría de sus calles. Andrade, sin embargo, en contra de lo que todo el mundo creía posible, recuperó el Centro Histórico y empezó a devolverle su valor.
La gestión de la señora Villarán, sin embargo, ha sido bastante ineficiente para defender esta importante conquista. Actualmente hay al menos 4 mil ambulantes informales que, bajo sus narices, ocupan las calles del Cercado. Y el problema parece estar escapándose de sus manos cada vez más.
Recordemos que a comienzos del 2011 la alcaldesa fue muy enfática al señalar que haría respetar la intangibilidad de las zonas rígidas del Centro Histórico. Una promesa que repitió en noviembre del mismo año cuando, con motivo de las manifestaciones de los ambulantes, declaró que no daría marcha atrás hasta terminar con el comercio ambulatorio e informó que estaba preparando una ordenanza para lidiar con el tema. Pocos meses después, en mayo del 2012, la funcionaria municipal Carmen Vildoso declaró que los ambulantes tenían “los días contados” y el subgerente de Autorizaciones Comerciales aseguró que se estaban tomando las medidas del caso para hacer efectivo el retiro.
Todas estas declaraciones, sin embargo, se quedaron en el mundo de las buenas intenciones, pues el número de ambulantes siguió creciendo y la municipalidad prefirió cambiar su discurso por uno mucho más “tolerante” a la actividad ambulatoria. En setiembre del año pasado, el gerente de Fiscalización y Control de la comuna señaló que el problema era que “la gente está acostumbrada a comprar al paso”, mientras que en diciembre el teniente alcalde precisó que había que “entender al comercio ambulatorio como una necesidad social” y que la situación de las invasiones de la vía pública se estaba “evaluando”. Se estima que desde ese momento hasta el día de hoy, mientras la municipalidad “evaluaba” qué hacer con esta “necesidad social”, han aparecido alrededor de 1.500 ambulantes informales adicionales.
Ahora bien, es cierto que este año ha habido momentos en los que dio la impresión de que una luz aparecía al fondo del túnel, pues se realizaron tres intervenciones contra ambulantes en las avenidas Emancipación, en los jirones Cusco y Cailloma, en la calle Manuel Tellería y en el pasaje Enrique Montes. No obstante, la alcaldesa prontamente volvió a recular: recientemente promulgó una ordenanza que establece que los ambulantes formales (que llegan a 2 mil y que en la práctica también generan desorden y atoran las vías) pueden, desde el 2015, renovar sus autorizaciones para seguir en la vía pública cada dos años y no anualmente como era hasta ahora. Así, además de fallar en desalojar a la gran mayoría de ambulantes ilegales, Villarán ha decidido dificultar la reducción del número de vendedores formales, reducción que se supone era una de sus metas.
¿Por qué la alcaldesa que prometió terminar con el comercio ambulatorio le prorroga ahora el derecho a seguir haciendo suyas las calles del Centro Histórico? ¿Tendrá su cambio de actitud algo que ver con el hecho de que nos encontramos a cuatro meses de las elecciones y que alguien no quiera perder los votos de los miles de ambulantes y de sus familias?
Preocupada por esta situación, nuestra redacción pidió a la Municipalidad de Lima que sea transparente y precise con cuántos fiscalizadores cuenta para hacer frente al comercio informal. La gerenta de Fiscalización y Control de Lima, sin embargo, nos respondió que no puede revelar esa información para no perder “el factor sorpresa” que los ayudará en los operativos. La verdad es que, con todos sus antecedentes, la única sorpresa que podríamos esperar es que el municipio tome alguna acción para resolver este problema.