Editorial: Inversión sin compromisos

Estimar correctamente los movimientos económicos de manera mensual es un reto complejo. El PBI, el consumo, el comportamiento de los sectores de la economía, entre muchas otras, son variables que –vistas en un plazo demasiado corto– pueden pintar una figura poco clara de la economía o, a veces, incluso contradictoria.

Eso no precluye, sin embargo, que se puedan ensayar algunas alertas tempranas cuando las estimaciones económicas de corto plazo toman un giro potencialmente preocupante. Podría ello ponerse en práctica luego de conocerse que las proyecciones del Indicador Mensual Económico de El Comercio (Imeco) y de analistas independientes sitúan el crecimiento del producto interno de enero pasado en aproximadamente 2%. La cifra se encuentra por debajo del crecimiento potencial (3,7%) y de la expansión alcanzada el último trimestre del año pasado (4,8%). De confirmarse, este sería el ritmo económico más lento de los últimos trece meses.

Si bien es pronto para hablar de un cambio de tendencia (después de todo, buena parte de la desaceleración sería atribuible a la menor captura de anchoveta y a la caída de la inversión pública como consecuencia de la rotación de autoridades locales), la ralentización no es menor. En este contexto, la atención debe girar hacia la que ha sido el motor del crecimiento económico del Perú en las últimas décadas: la promoción de la inversión privada. Su peso en el PBI, al fin y al cabo, es entre cuatro y cinco veces mayor que la inversión pública, y es la fuerza inicial de la que parten la creación de empleo, el crecimiento del consumo, el pago de impuestos y la superación de la pobreza.

El año pasado el desempeño de la inversión privada fue significativamente mejor que los anteriores –creció a 4,4% en el 2018 luego de acumular, increíblemente, cuatro años de variaciones negativas o nulas entre el 2014 y el 2017–, pero sus tasas de expansión aún están lejos de las de hace una década, cuando explotaba a velocidad de 20% o más por año.

Para este 2019, las estimaciones apuntan a una expansión de casi 7%, pero ello no viene gratis. Buena parte de la inversión, por ejemplo, está en el sector minero, industria a la que el gobierno debe garantizarle condiciones mínimas de seguridad, predictibilidad y orden para que pueda construir y eventualmente operar. No obstante, lo que acontece en proyectos mineros –como Tía María, que solo espera una licencia de construcción que se dilata innecesariamente– o ya con operación en marcha –como Las Bambas, que lleva meses en conflicto por el bloqueo de la carretera que comunica su centro de operaciones-–no es señal de un gobierno dispuesto a arriesgar capital político por promover inversión responsable.

Otros sectores de la economía menos expuestos a conflictividad social también requieren un mensaje desde el gobierno que reafirme su compromiso por fortalecer el emprendimiento y la apuesta productiva. En ocasiones, sin embargo, como en el caso de ciertos cambios tributarios o en la timidez a expandir la Ley de Promoción Agraria, la señal parece haber sido la opuesta.

El gobierno del presidente Vizcarra tiene todavía más de dos años por delante, tiempo suficiente para cosechar los beneficios de la inversión privada que empiece hoy y dejar una ruta trazada a su sucesor. Menuda tarea pendiente del nuevo Gabinete.