Editorial: El juicio a Leopoldo López

Hace poco se inició el juicio contra el líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, más de cinco meses después de que este se entregase voluntariamente a las autoridades venezolanas acusado sin fundamento de varios delitos: instigación pública, daños a la propiedad, incendio y asociación para delinquir. Y dentro de dos días se realizará la segunda audiencia de este proceso, el cual ha estado plagado de constantes irregularidades que solo muestran el encarnizamiento con el que el régimen chavista persigue a sus detractores.

Por supuesto, no es que esto sea una novedad en este país donde no existe separación de poderes ni mucho menos garantías constitucionales para los opositores del oficialismo. La ONG Amnistía Internacional ha alertado hace algunos días que el juicio en contra de Leopoldo López “suscita preocupación debido a la independencia del Poder Judicial en Venezuela”. No olvidemos, después de todo, que hace años el chavismo cambió las leyes para copar el Tribunal Supremo y que Venezuela ocupa el último lugar en independencia judicial, según el Reporte Global de Competitividad.

Todos tenemos presente aún, además, cómo en una muestra de absoluta parcialidad el propio Nicolás Maduro prácticamente condenó a López antes de que este fuese procesado. Él señaló enfáticamente que su opositor político “tiene que pagar, y va a pagar”. En esa línea, los clamores del líder opositor han sido claros y contundentes. En un artículo en exclusivo para El Comercio, Leopoldo López denunció: “Estoy preso por haber hecho un llamado al pueblo venezolano a salir a la calle a protestar, haciendo uso de nuestro derecho histórico y constitucional. Estoy preso por haber solicitado la renuncia o la sustitución por la vía constitucional de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela”.

Asimismo, la serie de irregularidades procesales que se han presentado durante el juicio a López son de por sí sorprendentes. En una primera instancia, a la defensa de López le fueron negados arbitrariamente todos los medios de prueba que presentó ante los tribunales, mientras que solo fueron admitidos a juicio los presentados por la fiscalía, como quien se asegura que en esta partida solo el gobierno tenga cartas ganadoras. Asimismo, pese a que la Constitución manda que el juicio sea oral y público para garantizar su transparencia, las autoridades judiciales le negaron el acceso a la audiencia realizada en la sede judicial a los líderes de oposición María Corina Machado y David Smolansky, quienes buscaban mostrar cómo el juicio no es más que una farsa.

Leopoldo López, por otro lado, ha sufrido un considerable tiempo en cárcel sin ser llevado a juicio, aparentemente para intentar quebrarlo y debilitar a la oposición. Durante ese tiempo todo apunta a que habría sido víctima de una serie de maltratos psicológicos y de un aislamiento permanente. Su defensa, en un llamado a las Naciones Unidas, declaró que, en clara violación del derecho internacional, además de las torturas psicológicas a las que ha sido sometido en los últimos cinco meses López ha sido confinado en solitario 23 de las 24 horas del día. Adicionalmente, por tres meses ha sido encerrado sin luz natural, se le ha negado las visitas por períodos de dos a tres semanas y ni siquiera se le autoriza a asistir a la misa del penal. Y en ningún momento se le ha permitido mantener comunicación confidencial con sus abogados ni recibir llamadas telefónicas privadas, violando así el derecho de defensa que le asiste a cualquier procesado.

El caso de Leopoldo López es solo una muestra más de cómo el deterioro del Estado de derecho en Venezuela es cada vez más crudo y grosero. Y el resto de países de la región prefiere no alzar su voz para intentar detener los constantes abusos que se cometen en el país llanero. Al Perú, de hecho, no le tiembla la mano para llamar a consulta a su embajador cuando considera que se perpetran abusos al otro lado del mundo, pero cuando las papas queman en el propio vecindario prefiere convertirse en un silencioso cómplice de escandalosas violaciones de derechos humanos.