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El lunes, Víctor Ticona Postigo asumió el cargo de presidente del Poder Judicial (PJ) en reemplazo de Enrique Mendoza en medio de una profunda crisis institucional: según Ipsos, el promedio de aprobación del PJ durante los últimos 24 meses ha sido de tan solo 14,25%, el más bajo de las últimas cuatro administraciones. Y es que si bien el ex presidente tuvo una serie de aciertos durante su gestión, tal como la implementación del expediente digital y ciertas mejoras en infraestructura, lo cierto es que aún estamos muy lejos de lograr la verdadera reforma judicial que nuestro país tanto necesita.
Sin embargo, mal podríamos pensar que la actual impopularidad de esta institución nace y muere con Mendoza. Por el contrario, el PJ viene siendo reprobado desde hace muchos años. De hecho, según el informe anual de Doing Business, nuestros tribunales se encuentran en la posición 115 de 185 países a escala mundial, debido a que, solo por dar un ejemplo, en el Perú es sumamente difícil exigir vía judicial el cumplimiento de un contrato debido a las constantes demoras y retardos en el proceso. El mismo criterio tiene la última edición del Índice de Competitividad Global, que ubicó al Perú en el puesto 109 de 148 países en el rubro Independencia del PJ.
Ante este desalentador y triste escenario, es evidente que algo tenemos que hacer. Y lamentablemente las propuestas del flamante titular del PJ, aunque algunas positivas, no dan luces de que vayamos a cambiar drásticamente el panorama de nuestra administración de justicia. Dentro de las medidas más importantes que ha anunciado Ticona, promete un firme compromiso en la lucha contra la corrupción, para lo cual impulsará la transparencia en la gestión pública judicial, el derecho de acceso a la información y fortalecerá la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). Por otro lado, planea reformular el Programa Nacional de Descarga Procesal y ejecutar un plan de celeridad procesal. Fue enfático al señalar que para lograrlo luchará para que el presupuesto de su institución jamás sea inferior al 3% del Presupuesto General de la República.
¿Son estas medidas suficientes? Desde este Diario consideramos que se puede y debe hacer mucho más. Y para lograrlo, por cierto, no es el presupuesto el factor más determinante. Si eso fuera así, el PJ habría duplicado su reputación del 2007 al 2011, tal como se le duplicó su presupuesto durante esos años. Pero como salta a la vista, la una no influyó en la otra. ¿O acaso el aumento del presupuesto redundó en procesos y decisiones doblemente rápidos? Si así fuera, la Corte Superior de Justicia de Lima no hubiese acumulado 347 mil procesos durante el 2014, cuando solo era capaz de resolver, según sus propias declaraciones, 134 mil. Es decir, menos de la mitad. Ahora imaginemos que sucede algo parecido, año tras año, durante diez años, y así tendremos con que en solo una década, la Corte Superior de Lima habrá acumulado al menos un millón de procesos. Como es evidente, uno de los principales problemas de nuestro PJ es la excesiva carga procesal y la lentitud en la resolución de los expedientes que ingresan a él.
Ante esta problemática, la justicia privada podría darle una mano a la estatal. Concretamente, que las personas que tengan controversias comerciales o civiles que cuenten con recursos para solventar un arbitraje estén obligadas a recurrir a esta vía, en vez de la judicial, para resolver sus problemas. Para ello, tan solo bastaría con promulgar una ley que así lo exija.
Esto significaría que el PJ quedaría reservado para atender aquellos casos en que es realmente indispensable, como las causas penales o de las personas que acrediten que no puedan sufragar el costo de un proceso arbitral; por lo que se descongestionaría ostensiblemente. Por otro lado, al ser privado y las partes escoger sus árbitros, es mucho más difícil que el poder político influya en las decisiones, por lo que tendremos una justicia más certera, independiente y menos corrupta. Finalmente, con esta medida se liberarían grandes recursos del PJ, que serían utilizados para atender con mayor eficiencia los casos de su competencia.
Y lo más interesante: esta propuesta no necesita presupuesto para ejecutarla. ¿Si todos coincidimos en que el PJ necesita una profunda reforma estructural, para así aliviar los actuales dolores de cabeza que lo aquejan, por qué le estamos dando la espalda al arbitraje obligatorio?
