Editorial: Keiko a la carta

“Todo voto suma” parece ser el nuevo leitmotiv de campaña de Fuerza Popular (FP), ahora que su candidata presidencial Keiko Fujimori viene enfocando su atención en específicos grupos de electores, a través de propuestas que les pueden resultar atractivas. Aquellos bolsones de votos podrían hacer la diferencia en lo que hasta ahora asoma como una carrera bastante apretada hacia el sillón presidencial.

Atender los intereses específicos de ciertos sectores de la población no tiene nada de malo. Se convierte en problemático, sin embargo, cuando estos intereses son satisfechos a costa de los del resto del país y, ciertamente, de cualquier perspectiva de sostenibilidad. 

Un ejemplo de lo descrito es la reciente postura de Keiko Fujimori a favor de reponer el sistema 24x24 en la Policía Nacional (PNP). “La familia policial se ha visto afectada con la eliminación del 24x24, ni siquiera les dejan trabajar el día de su franco… no podemos maltratar a nuestra Policía Nacional”, fueron las expresiones de solidaridad de la candidata presidencial que acompañaron a una propuesta que, por garantizar mayores fuentes de ingresos económicos, podría resultar seductora para los efectivos policiales y sus familias, pero perjudicial para todos los demás, incluyendo la propia institucionalidad de la PNP.

Como se sabe, el 24x24 –que otorgaba un día de descanso por cada día de trabajo y permitía a los policías brindar servicios de seguridad privada durante sus días de franco– se estableció de manera temporal hace más de dos décadas para complementar los bajos ingresos de los efectivos de la PNP. A principios de este año, fue oficialmente depurado por el actual gobierno, debido al aumento salarial progresivo que los agentes del orden han recibido –en relación al 2011, los ingresos del personal subalterno se han incrementado en más del 90%– y puesto que la importancia de su labor exige una dedicación exclusiva. Por tal razón, la mayoría de expertos e incluso el miembro del equipo de seguridad ciudadana de FP Marco Miyashiro apoyaron la eliminación.

Pero si arriesgar el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana para intentar captar el voto policial y de sus familias no bastara, más ofertas de pobre sustento han surgido desde las filas de FP. 

Esta semana, la candidata Fujimori manifestó haber recogido el ofrecimiento del ex candidato Alan García para crear un fondo de retiro para taxistas y mototaxistas. La propuesta del ex presidente aprista –y ahora del fujimorismo– implica dirigir el Impuesto Selectivo al Consumo del combustible para financiar un fondo jubilatorio, en donde el impuesto pagado por cada taxista se acumularía en una cuenta propia. 

Sin perjuicio del impacto fiscal de tal medida y su dudosa factibilidad, si reparamos en su justificación, encontraremos que nada explica por qué dicho beneficio tributario no se podría extender también hacia cualquier consumidor de combustible. Como tampoco se entienden los motivos para garantizar un fondo de jubilación a taxistas y mototaxistas, y obviar a los otros millones de trabajadores independientes que carecen de tal. Salvo, claro está, que las razones se encuentren en los votos que podrían representar los más de 400.000 taxistas en el país. 

Anteriormente, la candidata de FP ya había tomado prestada otra idea de un ex candidato. La primera fue la de renegociar los contratos de exportación del gas, expuesta recurrentemente por Alfredo Barnechea, de Acción Popular, con el objetivo de lograr más regalías para el Perú. Lo que no ha hecho la candidata Fujimori es dar luces sobre cómo conseguiría tal fin habida cuenta de que el precio de exportación en el mercado de destino ha caído hasta a un sexto de su valor y, en dicho contexto, es poco verosímil –por decir lo menos– que se consigan mejores regalías.

Para cerrar la semana, la lideresa de FP ha anunciado que derogaría dos decretos legislativos que regulan el proceso de formalización de la minería e iniciaría un nuevo proceso. Es cierto que el proceso planteado dista de ser idóneo y de hecho resulta injusto para muchos mineros artesanales que no son delincuentes y tienen vocación de legalidad, pero de ahí no se sigue que haya que volver todo el esfuerzo a foja cero. Ese innecesario maximalismo, que supone un guiño para todas las mafias que operan en –y alrededor de– la minería ilegal solo puede explicarse en términos de votos y supone dejar a su suerte, por largo tiempo más, enormes porciones de nuestros bosques y reservas naturales, así como a las víctimas humanas de la masiva contaminación que las mafias de la minería ilegal generan, para no hablar de la violencia y la explotación sexual infantil que se han detectado en muchos campamentos ilegales.