Editorial: La Constitución como guijarro

“Estamos haciendo historia” fue la frase que lanzó ayer el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Omar Chehade. El mismo grupo parlamentario que durante la tarde fraguó y presentó una “ley de reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria”, que se aprobó finalmente en la noche en el hemiciclo y que, en realidad, terminó por tirarse abajo los escudos con los que cuentan varios altos funcionarios, entre ellos, los ministros y el propio presidente de la República. De una aciaga manera, el congresista Chehade tiene razón: para los peruanos, será difícil olvidar todo lo que presenciamos ayer en el pleno.

En cuanto a los alcances y a la constitucionalidad del texto mismo, hay todavía varias dudas que quedan revoloteando en el aire. Y no es para menos: la iniciativa legislativa, que reforma cinco artículos de la Constitución (el 93, 99, 117, 161 y 201), se revisó y se aprobó sin mayor discusión, debate técnico o análisis minucioso. “¿Para qué?”, se debe haber preguntado más de un legislador en el pleno extraordinario de ayer, si, a fin de cuentas, lo único que se buscaba con estas reformas era tomarse revancha, de manera prepotente, al mensaje a la nación que había pronunciado horas antes el presidente Martín Vizcarra. Pero recapitulemos.

Como sabemos, el viernes, último día de la legislatura (y, por lo tanto, el último en el que los congresistas podían aprobar cambios constitucionales que requieran ser refrendados en una segunda legislatura antes de que termine este quinquenio legislativo), el proyecto que planteaba la eliminación de la inmunidad parlamentaria no alcanzó los 87 votos que necesitaba (solo 82). Pero no fue el único que levantó polémica: cuatro bancadas (Podemos Perú, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Unión por el Perú) frustraron la aprobación del impedimento para que sentenciados en primera instancia por delitos dolosos con penas mayores a los cuatro años puedan postular a cargos de elección popular en el 2021.

La respuesta del presidente Vizcarra llegó en la tarde de ayer cuando, en un mensaje a la nación, anunció su intención de someter a referéndum la eliminación de la inmunidad parlamentaria, en simultáneo con las elecciones generales del próximo año, y de presentar un proyecto de ley para que los sentenciados en primera instancia no puedan postular. Esto último sería también planteado como reforma constitucional en los siguientes comicios (aunque, ciertamente, el presidente tendrá que aclarar qué mecanismos legales utilizará para concretar sus promesas).

Entonces, los legisladores empezaron a moverse con una inusitada agilidad, espoleados, por supuesto, por el acotado tiempo de acción que les quedaba (hoy se inaugura la nueva legislatura). Así, llegamos a la noche de ayer, cuando con 110 votos a favor (que incluyen a miembros de todas las bancadas), 13 en contra y ninguna abstención, el Parlamento cambió, de un portazo, cinco artículos de la Carta Magna (al momento de escribir este editorial, el proyecto para que los sentenciados en primera instancia no puedan postular todavía estaba en debate).

De manera general, lo aprobado dispone la eliminación de la inmunidad para los congresistas y altos funcionarios, además de remover el antejuicio con el que cuentan los ministros y hasta habilitar que el presidente pueda ser acusado de delitos cometidos durante su mandato o con anterioridad. En buena cuenta, pues, el razonamiento del Parlamento parece haber sido el siguiente: si nosotros no vamos a tener escudos, que nadie más los tenga. Y si para lograr lo anterior había que retacear la Constitución a tijeretazo limpio y usarla como un guijarro arrojadizo para responder al Gobierno, no lo pensaron dos veces.

Más allá de cómo termine esta escabechina, y además de todo lo que perdemos los peruanos con estas actitudes deleznables, este Congreso ya ha dejado en claro cuáles son las motivaciones o los sentimientos con los que legisla. El bienestar del país, claramente, no forma parte de estos.