No hay objetivo más alto para cualquier comunidad que preservar la vida de sus ciudadanos. Por ello, ante amenazas como las que se ciernen hoy sobre el país, todos los sistemas se activan y se subordinan temporalmente al sistema de salud. Las libertades económicas, de reunión, de tránsito, y otras que son pilares de la democracia moderna, son suspendidas parcialmente hasta que los riesgos sobre la vida y la salud puedan ser manejados adecuadamente. En ese sentido, es razonable y positivo que los esfuerzos del Gobierno durante estos días de emergencia se orienten, principalmente, al cuidado del sistema de salud y la vida de las personas.
Pero la actual crisis, como cualquier otra, pasará. Con saldo de daños alto o moderado –dependiendo de nuestra propia capacidad de respuesta–, progresivamente la coyuntura irá retornando a cauces más regulares, habituales y predecibles. O, por lo menos, eso parece desprenderse del comportamiento del virus en distintos países que llevan algunas semanas de adelanto al ciclo epidemiológico del Perú.
Precisamente en la preparación para este complejo proceso de reapertura de la actividad económica y social se debe poner particular atención. La motivación es doble. Por un lado, una reactivación desordenada o improvisada pondrá en riesgo los avances en salud que se hayan conseguido con tanto esfuerzo durante estas duras semanas. Con nuevos contagios acelerándose, la lógica consecuencia de esto sería un regreso parcial o total a las medidas de inamovilidad social que se tienen hoy en vigencia. Ello generaría, de paso, mayor suspicacia sobre la capacidad del país de retomar actividades regulares de manera segura, retardando más su regreso.
Por otro lado, un planeamiento oportuno de la reactivación económica –aun cuando esta no sea totalmente implementable– dará certidumbre a los trabajadores y empresas sobre el modo y el momento en que podrían empezar a operar. Las necesidades de personal, de financiamiento, de insumos, y varias decisiones de negocio se necesitan tomar con antelación. Sectores como pesca, construcción, minería, agroexportación, entre otros, están discutiendo ya los planes de apertura progresiva con el Ejecutivo. En la medida en que algunas restricciones quedarán vigentes aun después de levantada la cuarentena, tener un plan claro de las condiciones que se esperan de cada sector podría hacer la diferencia entre una reactivación inadecuada y una exitosa.
Las exigencias de reactivación, por supuesto, deberían estar centradas en los protocolos sanitarios que minimicen los riesgos de contagio para los trabajadores y el resto. En ese sentido, operaciones relativamente aisladas, como campamentos mineros, podrían iniciar labores antes que, por ejemplo, actividades comerciales urbanas no esenciales y con puerta a la calle.
Sea cual sea el caso, la capacidad de aplicar pruebas será esencial. La firma de asesoría global McKinsey & Company sugiere que “en casi todos los sectores los negocios deberán establecer protocolos de distanciamiento físico y prevención de nuevos casos: trabajo remoto, guías de higiene y salud, monitoreo frecuente de temperatura”, entre otros. Los sectores no esenciales podrían ser gradualmente reabiertos de forma regional, en la medida en que la crisis de salud pública retroceda, menciona la consultora.
Mientras el Gobierno atiende lo más urgente –la salud pública–, no hay motivo por el cual no empezar a pensar en el día después de mañana, cuando la economía nacional deba, gradual y responsablemente, volver a cierta normalidad. Aunque no pueda ser implementado pronto, decenas de millones de trabajadores dependen de que este plan sea discutido, diseñado y aprobado desde hoy.
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