"Sea como fuere, el problema al que aludimos es real y, como decíamos al principio, complicará la gestión de quien asuma las riendas del poder a partir del 28 de julio". (Foto: El Congreso)
"Sea como fuere, el problema al que aludimos es real y, como decíamos al principio, complicará la gestión de quien asuma las riendas del poder a partir del 28 de julio". (Foto: El Congreso)
Editorial El Comercio

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La atención que concita el proceso electoral ha hecho que las decisiones del actual pasen a un segundo plano. Una abrumadora mayoría de la representación nacional, sin embargo, ha continuado a lo largo de todo este tiempo con su actitud de aprobar normas y muchas veces inconstitucionales que constituirán una herencia perversa para el gobierno entrante, cualquiera que este sea. Particularmente, en lo que concierne a la reactivación de la economía que la situación creada por la pandemia requiere, pues la mayoría de tales iniciativas impacta de manera negativa precisamente en ese rubro.

Es cierto que algunas de ellas –la ley que suspendía el cobro de peajes, la que ordenaba el ascenso automático en Essalud y la que permitía la llamada “devolución” de fondos de la ONP– han sido declaradas inconstitucionales por elatendiendo a demandas planteadas en ese sentido por el Ejecutivo. Y que dos más –la que ha establecido topes a las tasas de interés y la que elimina el régimen CAS– están siendo también objeto de evaluación constitucional. Pero aun cuando esas “bombas de tiempo” hayan sido o logren finalmente ser desactivadas, parte del daño que causó su sola aprobación es irreparable. Lo mismo cabe decir, además, sobre otras dos normas –la que dispone la devolución de aportes del Fonavi y la que atañe a la negociación colectiva– que, de acuerdo con lo anunciado por el ministro de Economía, , serán asimismo objeto de sendas demandas de inconstitucionalidad.

Pero eso no es todo. Existe adicionalmente una andanada de iniciativas aprobadas también por este Parlamento que atenta de forma igualmente grave que las ya señaladas contra la prudencia económica y que no han sido cuestionadas hasta el momento por el Ejecutivo. Nos referimos, concretamente, a la que permite el retiro del 100% de la CTS, la que ordena destinar el 6% del PBI al sector Educación (lo que supondría dedicar el 70% del presupuesto nacional a un solo sector) y la que autoriza nuevos retiros de los fondos de las AFP.

Las razones por las que, aparte de su eventual naturaleza inconstitucional, cada una de estas normas ocasiona severos perjuicios a la estabilidad macroeconómica del país han sido expuestas ya en estas páginas en numerosas oportunidades. Lo que cabe destacar ahora es la contumacia con la que parte de la representación nacional se aferra a ellas. Una circunstancia que el congresista de Descentralización Democrática Mariano Yupanqui ilustró con nitidez a través de una intervención suya en el plenario del jueves pasado. “Hemos votado a favor de iniciativas que sabíamos que eran posiblemente inconstitucionales y muchas de ellas han llegado al Tribunal Constitucional y han sido lamentablemente derogadas”, reconoció con singular desdén por los problemas que ese modo de legislar suscita.

¿Qué determina que una mayoría de congresistas proceda de esa forma? Por un lado, seguramente la tentación de hacerse populares ante segmentos de la población que tienen una aproximación desinformada a esas medidas y sus consecuencias. Y por otro, la desinformación que padecen al respecto los propios parlamentarios. En cualquier caso, es evidente que el hecho de que no puedan reelegirse para el período inmediatamente posterior ha removido los débiles incentivos que los legisladores de uno u otro signo tenían antes para comportarse con alguna responsabilidad acerca de estas materias. Una reforma electoral que muestra claramente el costo de sacar adelante iniciativas “populares” sin haber pensado antes en las consecuencias negativas que acarreará.

Sea como fuere, el problema al que aludimos es real y, como decíamos al principio, complicará la gestión de quien asuma las riendas del poder a partir del 28 de julio. Por eso, sería fundamental saber si cada uno de los candidatos que compiten en esta segunda vuelta tiene ya una estrategia diseñada para lidiar con este grave estado de cosas, pues que alguien llegue a Palacio para responder a estas improvisaciones con otras sería lo peor que nos podría suceder en medio de esta prolongada pesadilla de la que, al parecer, resulta tan difícil despertar.