Editorial: La información y los oportunistas

Ayer, la Unidad de Investigación de este Diario publicó las respuestas que recibió de Unops sobre algunas dudas relativas a la licitación del Proyecto Lomas de Ilo, que fue otorgada al consorcio Obrainsa-Astaldi a finales del 2013 (la entidad internacional estuvo a cargo de dicha convocatoria, por encargo del Gobierno Regional de Moquegua que, por aquel entonces, presidía Martín Vizcarra). Entre otras cosas, Unops aseguró que “la decisión de adjudicar a la empresa ganadora siempre la tiene la entidad, en este caso, el Gobierno Regional de Moquegua” y que “no fue responsable de realizar el estudio de mercado y/o establecer el monto del valor de la licitación”.

Estas afirmaciones contradicen algunos descargos que el presidente brindó el último domingo en “Panorama” y, de paso, dejan intacta la sospecha sobre lo que un aspirante a colaborador eficaz en el caso del ‘club de la construcción’ ha contado a la fiscalía: que en el 2013 el gobernador Vizcarra facilitó información privilegiada sobre la licitación del Proyecto Lomas de Ilo a una de las empresas del consorcio ganador a cambio de S/1 millón.

Pero lo de ayer ha sido apenas la más reciente de varias notas que hemos venido publicando en los últimos días y que bosquejan un escenario complicado para el jefe del Estado. Por supuesto, tampoco es que habríamos tenido la alternativa de descartar o de encarpetar la información solo porque este Gobierno ya esté de salida o porque no se debe perturbar a una administración enfrascada en la lucha contra la pandemia. La primera deuda de todo medio periodístico –o al menos de los que aspiren a calificarse como tales– es con la búsqueda de la verdad, más aún cuando esta atañe a quienes tienen una cuota de poder y cuyas decisiones, por ende, terminan afectando de alguna manera la vida de millones de ciudadanos.

Dicho lo anterior, sin embargo, en este Diario creemos que nuestras instituciones cuentan con los canales necesarios para tratar el caso que ha comenzado a dibujarse alrededor de Martín Vizcarra. Como hemos dicho antes, si es que el Ministerio Público lo cree pertinente, el mandatario deberá ser procesado una vez que concluya su mandato (tal y como establece la Constitución). Nada de lo que hemos revelado hasta ahora –ni lo que otros medios periodísticos también han revelado al respecto– debería servir como munición para empujar una vacancia por “incapacidad moral permanente” o para desvirtuar el proceso electoral en marcha.

Valga la advertencia, además, si consideramos los bajos estándares que una mayoría de este Congreso ha demostrado tener cuando de admitir a trámite nada menos que una moción de vacancia presidencial se trata. Si algo quedó claro luego de la fallida destitución de hace unas semanas es que a los parlamentarios actuales no les interesa estudiar a profundidad hechos y pruebas cuando lo que está en juego es su oportunidad para obtener una mayor tajada de poder.

Como es evidente –y por si quedan dudas–, una cosa es la obligación que el Diario tiene (y siempre buscará honrar) con la divulgación de información que tenga relevancia pública; y otra, nuestra posición editorial sobre dicha información.

Por supuesto, lo anterior tampoco quiere decir que, como han deslizado arteramente el presidente y su primer ministro, las revelaciones de la última semana respondan a un complot de Odebrecht, de “intereses poderosos” o de quienes buscan postergar los comicios (y quién sabe si mañana señalarán a alguna potencia extranjera). Lo que hemos publicado sobre el pasado del presidente es preocupante y, por lo mismo, continuaremos difundiendo todo lo que creamos que debe ser conocido por la ciudadanía. Nada de esto, empero, debería justificar que algunos oportunistas recurran a los destapes como una añagaza para saltarse con garrocha los procesos delimitados en nuestras normas.