Editorial: La inquina del ministro Torres contra la prensa

Anoche, Ximena Pinto, secretaria de comunicación social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), formuló una denuncia gravísima. Entrevistada primero por Jaime Chincha en RPP y luego en Willax y Panamericana TV, contó que su jefe, el titular de la PCM, Aníbal Torres, le pidió expresamente que no incluyese a los medios del Grupo El Comercio en la campaña de publicidad que dicha entidad viene preparando para informarles a padres de familia y a sus hijos sobre el regreso a las clases presenciales tras dos años de pandemia.

Según contó Pinto, ella le explicó al ministro Torres que los criterios para seleccionar a los medios con los que iban a contratar tenían que ver con la audiencia y los objetivos de la campaña y que, en esta en particular, habían determinado que el mayor desconocimiento estaba en Lima, por lo que había que priorizar a los medios televisivos o radiales que tuviesen alcance en la capital. Algo, a decir verdad, bastante lógico. Sin embargo –prosiguió Pinto–, Torres le habría insistido, en un primer momento, que la campaña se hiciera solo en regiones y, luego, que vetase al Grupo El Comercio de esta porque “esa prensa no merece ningún tipo de favorecimientos”.

Pues bien, en primer lugar, hay que decirle al señor Torres que aquí no se trata de favorecer a un medio o a un grupo de ellos en particular. De lo que se trata es de lograr que el dinero que el Estado invierte en publicidad estatal (que, nunca está de más recordar, es el de todos los contribuyentes) llegue a la mayor cantidad de personas a las que está dirigida. Ya sabemos que para este Gobierno la educación nunca ha sido una prioridad, pero ello no puede llevarnos a perder el foco de que lo que está en juego aquí es la posibilidad de que niños y adolescentes que llevan casi dos años atrapados en clases remotas, en gran parte por la inoperancia de sus autoridades, reciban la información necesaria para volver a las aulas.

Por lo demás, desde este Diario y por respeto a nuestros principios rectores y a quienes nos leen, nunca renunciaremos a informar sobre los temas importantes para los ciudadanos, como el regreso a las clases presenciales y la educación de los escolares del país.

En segundo lugar, si decimos que la publicidad estatal no puede distribuirse según los odios de quienes ocupan un cargo en el Estado no es solo porque es lo más lógico, sino también porque así lo exige la ley. Por lo que bien harían las autoridades llamadas a velar por el correcto gasto del dinero de todos los peruanos en verificar que esto venga ocurriendo no solo en esta, sino también en otras entidades públicas, pues, según ha contado Pinto, el mismo criterio hepático se vendría aplicando en otros ministerios al momento de distribuir la torta publicitaria.

En tercer lugar, usar la publicidad estatal como un mecanismo para castigar o premiar a los medios por su postura frente al gobierno de turno es una manera soterrada –pero manera, al fin y al cabo– de socavar la libertad de expresión. No en vano, la Declaración de Chapultepec –que el presidente Pedro Castillo recibió el pasado 11 de agosto y que hasta ahora se ha negado a firmar– reconoce en su artículo 7 que “la concesión o supresión de publicidad estatal no debe aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas”, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido en un pronunciamiento de que repartir la publicidad estatal “con fines discriminatorios de acuerdo a la posición editorial del medio” configura una “censura indirecta”.

Curiosamente, ayer, en conferencia de prensa, el ministro Torres alegó que el Gobierno “no ha dictado ninguna medida contra la prensa”. Hay que anotarle, sin embargo, que un régimen no solo menoscaba la libertad de prensa cuando expropia medios, interviene redacciones o asesina periodistas, sino también cuando usa el aparato estatal para discriminar a algunos medios en función de su línea editorial o de su cobertura, por ejemplo, cancelando licencias, colocando aranceles a la importación de papel periódico o, como en este caso, destinando la publicidad estatal en función de sus simpatías.

En cuarto lugar, hay que mencionar que no es la primera vez que el señor Torres enarbola este tipo de discurso. En setiembre pasado afirmó que “Pedro Castillo no está dando dinero a la prensa y eso genera un rechazo” cuando se le consultó por los destapes que, prácticamente a diario, se publicaban sobre algunos integrantes del Ejecutivo.

Finalmente, tampoco podemos olvidar que el comportamiento de Torres no es inédito en el Gobierno. El propio presidente Castillo proclamó en noviembre que no se iba a permitir “darles un centavo a aquellos [medios] que tergiversan la realidad” (cuando, dicho sea de paso, ni siquiera está facultado para ello) un día antes de que, según reveló el portal “Sudaca.pe”, se reuniese en Palacio de Gobierno con periodistas de Huánuco para prometerles que les daría publicidad estatal.

Ya hemos reseñado anteriormente las conductas del señor Torres que lo revelan como una persona autoritaria, y este último episodio no hace más que abonar a dicho perfil. Por lo que le toca al Congreso relevarlo de un puesto en cuya permanencia, para ser francos, no se encuentra ninguna garantía para el trabajo de la prensa en el país.