La ola de Cerrón

Hace poco más de dos semanas, en un decreto supremo ampliamente anticipado, el Gobierno oficializó el fin del estado de emergencia que regía en el país desde el 2020 a causa del COVID-19. La causa, lógicamente, era la disminución de los contagios en el país y de la severidad de estos.

Esta semana, no obstante, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), del Ministerio de Salud (Minsa), rompió la parsimonia de los últimos meses, en los que el COVID-19 había pasado ya a un lugar relegado entre las prioridades nacionales. A través de redes sociales, la entidad anunció que se ha reportado incremento de casos en las regiones de Loreto, Arequipa, Cusco, Áncash, Ica, Callao y Lima Metropolitana. Con este repunte, se proyecta que la quinta ola de contagios podría llegar con fuerza al país hacia mediados de diciembre. No obstante, vale resaltar que más del 90% de adultos cuentan con al menos dos dosis de vacunas, por lo que sería esperable que los casos que requieran atención urgente sean relativamente reducidos.

Aun así, se necesitan acciones para minimizar el impacto de la siguiente ola. Es inviable pensar en un retorno a las restricciones de meses y años anteriores, pero se debe poner más esfuerzo en completar el esquema de vacunación de quienes faltan, sobre todo los más vulnerables.

De igual forma, llama la atención que en octubre la organización Voces Ciudadanas dio a conocer que en el 2022 los casos de influenza en el Perú suman 2.300, un incremento de 510% frente a los 377 del año anterior. Más alarmante aún es el hecho de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ubicó al Perú como uno de los países de alto riesgo por su esquema de vacunación para el retorno de enfermedades desaparecidas.

Asimismo, tampoco se puede dejar de lado el hecho de que miles de pacientes oncológicos en el país continúan esperando que el Gobierno cumpla las disposiciones de la Ley Nacional del Cáncer (promulgada en agosto del 2021). No está de más recordar, en ese sentido, que el propio presidente Pedro Castillo se comprometió en el pasado mayo con pacientes oncológicos a dar S/4 mil millones para la lucha contra el cáncer y hasta el momento no ha cumplido.

El otro punto sensible es la capacidad de respuesta del propio Minsa. Desde febrero de este año, el entorno de Vladimir Cerrón, presidente del partido Perú Libre, ha tenido una influencia desmedida en el ministerio, con tres titulares de cartera consecutivos cercanos a él. No solo es eso, sino que –aparte de la cabeza de la institución, Kelly Portalatino– la plana mayor del Minsa está cargada de cerronistas.

Desde su curul en el Congreso, Portalatino ha sido una de las más firmes defensoras del exgobernador de Junín. Su antecesor, el exministro Jorge López Peña, fue destituido tras revelarse depósitos de funcionarios del ministerio a su exconviviente. Así, el presidente Pedro Castillo parece haber entregado la salud de los peruanos –y una de las entidades con mayor presupuesto público, de paso– al partido que lo acogió en las elecciones pasadas a cambio de protección en el Legislativo. Cerrón, como se sabe, además, enfrenta un pedido de prisión preventiva de 36 meses del Ministerio Público.

El desmanejo del sector salud durante lo más duro de la pandemia fue una de las causas de los enormes costos humanos que tuvo que soportar el Perú. Si el país debe volver a enfrentar una emergencia sanitaria, es desconcertante pensar que en esta ocasión serán los allegados al presidente de Perú Libre quienes estarán tomando las decisiones sobre compra de medicamentos, organización de hospitales, capacitación de personal, etc.

Luego de la tragedia a la que nos empujó el COVID-19, un presidente de la República que realmente se preocupe por “el pueblo” sin duda priorizaría el profesionalismo de los responsables de la salud pública. Pero este claramente no es el caso.