Editorial El Comercio

Reiteradamente hemos advertido en este Diario sobre la que ha venido siendo la única política de gobierno visible de esta administración: la designación de funcionarios en altos cargos para los que no cuentan con los pergaminos requeridos y sí, por el contrario, con un vínculo con el presidente , el partido Perú Libre (y su fundador, ) o la provincia cajamarquina de Chota. Una tendencia que se puede ilustrar con ejemplos y con cifras.

Sobre lo último, ayer El Comercio reveló que, solo en este año, el Gobierno nombró que no cumplían con los requisitos para el puesto, según advirtió en todos esos casos la Contraloría General de la República. Se trata de designaciones realizadas por el presidente y sus ministros, y en la contabilidad total no se han tomado en cuenta aquellas sancionadas por otras entidades, como Servir, por lo que el número de nombramientos inadecuados en este gobierno es sin duda mayor.

Entre los casos más recordados están los del expresidente del Congreso , que apoyó al entonces candidato Castillo antes de la segunda vuelta presidencial, como presidente del directorio de Perú-Petro cuando su experiencia en el sector hidrocarburos era nula (no duró ni un mes en el cargo), o de la docente , amiga del mandatario, como viceministra de Desarrollo e Inclusión Social, cargo del que fue retirada por no cumplir con los requerimientos necesarios, pero a la que, sin vergüenza alguna, el Ejecutivo recolocó a los 10 días en Pronabec, un puesto para el que tampoco estaba acreditada, según Servir.

Por supuesto, los casos a los que nos referimos aquí aluden solamente a funcionarios que no cumplían con las condiciones técnicas para ocupar un puesto, pero no a otros tipos de cuestionamientos (que también son legítimos para sancionar la idoneidad o no de un nombramiento). En este último grupo, por ejemplo, podemos ubicar al exministro de Salud Hernán Condori, promotor del agua arracimada y de procedimientos médico-mágicos para detectar el cáncer “en un minuto” e investigado por la fiscalía por los presuntos delitos de cobro indebido y negociación incompatible en agravio del Estado, que fue censurado por el Congreso y que 13 días después, para el pasmo de muchos, en la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima Este. Duró tres días antes de que la ola de críticas lo forzara a dimitir.

Y como para no perder la costumbre, en estos días nos enteramos de otros dos nombramientos controversiales. El primero de ellos es el regreso de Rogelio Huamaní, militante de Perú Libre, como , un puesto del que fue removido en junio, debido a su inexperiencia en el sector agrario y a la fallida compra de fertilizantes, que ha afectado a muchos agricultores en todo el país. El segundo, el nombramiento de Virgilio Acuña, amigo del hasta hace poco preso Antauro Humala, como en un momento en el que se desarrolla un paro de transportistas de carga que viene afectando los suministros en varios lugares del territorio.

El problema con poblar el Estado de funcionarios que no cumplen con los requerimientos necesarios, por supuesto, no es solo, como hemos mencionado anteriormente, una forma de corrupción (pues se usa el dinero de todos para premiar lealtades en lugar de optimizar la función pública), sino que también pauperiza el servicio civil, aparta a los buenos funcionarios o a los que venían siguiendo una línea de carrera y, por efecto dominó, precariza la calidad de los servicios que el Estado le debe brindar a los ciudadanos.

Al final, no parece una casualidad que la única política visible de este gobierno en el año y medio que lleva de gestión sea la de sorprendernos siempre con nombramientos cada uno más inapropiado que el anterior. Quizá el hecho de que no veamos ninguna otra política pública de este gobierno se deba precisamente a que ha pervertido la función pública en su obcecada tarea de designar a los amigos en desmedro de todos los peruanos.

Editorial de El Comercio

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