Editorial: Laconismo y silencios

El miércoles de esta semana la cancillería emitió un escueto comunicado en el que felicitaba la “amplia y pacífica participación” en las elecciones parlamentarias celebradas en Venezuela el pasado domingo. En dos breves párrafos el gobierno peruano saludaba la elección y resaltaba el “carácter democrático de los comicios”, haciendo un llamado al diálogo constructivo entre las fuerzas que se enfrentaron en ellos. 

Entre su laconismo y sus silencios, sin embargo, el documento deja la impresión de que para el gobierno resultaba incómodo pronunciarse sobre el proceso que ha significado la abrumadora derrota de ese viejo aliado del humalismo que, como se sabe, ha sido el chavismo.

El texto ignora, en efecto, los reiterados abusos cometidos por el régimen que ahora administra Nicolás Maduro en contra de los opositores, el uso indiscriminado de recursos públicos para su causa y hasta la encarcelación política de disidentes. Una situación que requería desde hace tiempo algo más que un tímido llamado al diálogo como el que comentamos. 

El gobierno peruano ha sido, en realidad, moroso en la defensa del Estado de derecho y el sistema democrático en la nación bolivariana. ¿Cómo puede, por ejemplo, felicitar unos comicios que, si bien resultaron favorables a la oposición, se llevaron en condiciones extremas de desigualdad y abuso? Es público y notorio que en ellas el voto tuvo que defenderse con sudor, lágrimas y hasta sangre, debido a las reiteradas amenazas de fraude y violencia del Ejecutivo, y al asesinato de opositores en manifestaciones previas a la elección. ¿No era esta ocasión para que el gobierno nacionalista formulase, junto con la felicitación y el llamado al diálogo, una contundente condena a la conducta del régimen? 

Pero quizás esperar que aquello ocurriera era pedir demasiado, porque la actitud contemplativa de la administración humalista frente a todos los atropellos mencionados no es nueva: tiene, más bien, antecedentes un tanto ignominiosos. Y haciendo un ejercicio de memoria, el gobierno evita ahora la censura de aquello que en algún momento apañó. 

En reiteradas oportunidades, por ejemplo, el propio presidente Humala no solo ha sido bastante ambiguo sobre los abusos en Venezuela, sino que ha llegado a complacer al régimen de Maduro en asuntos que tenían que ver con nuestra política interna, como cuando en el 2013 retiró del gabinete al entonces canciller Rafael Roncagliolo, que se había mostrado crítico frente a la situación de la democracia en el país llanero. 

En marzo de ese mismo año, por otra parte, tras la muerte de Hugo Chávez, el mandatario peruano se refirió a quien definió como su “compañero y amigo” con la frase “hablar de Hugo Chávez es hablar del futuro”. 

En el 2014, ya con Nicolás Maduro encabezando el gobierno, el presidente salió en su auxilio al defender la “no injerencia” de Unasur en Venezuela. Y en julio de este año durante un viaje a España afirmó: “No somos quiénes para tirar la primera piedra; creemos que debe haber respeto a los asuntos internos”. Y agregó que la crisis que atravesaba y atraviesa Venezuela “viene de antes, del colapso del sistema político de Carlos Andrés Pérez”, y que en medio de esa situación “corrupta” surgió un “líder carismático, un patriota que es Hugo Chávez”. Según consideró en ese momento, además, lo que ocurría en el país del norte era “una lucha encarnizada entre un gobierno y una clase política donde se engloban la mayoría de empresarios [sic]”. Una actitud tan complaciente con la dictadura chavista y su secuela, que llevó al primer ministro Pedro Cateriano a declarar que, por su parte, él no admiraba al fallecido tirano. 

Como es bien conocido, hay quienes atribuyen las razones de esta indulgencia del oficialismo a algo más que las viejas vinculaciones amicales y coincidencias ideológicas, y mencionan aportes económicos del chavismo que habrían servido para financiar las campañas de Ollanta Humala en el 2006 y el 2011: una presunción que tendrá que ser demostrada a partir de las investigaciones sobre el particular que se siguen en estos momentos en la fiscalía y en el Congreso.   

Pero sea por una razón o la otra (o por una combinación de las dos), el comunicado del gobierno sobre los comicios en Venezuela constituye un ejercicio culposo de evitar llamar a las cosas por su nombre que no debe pasar desapercibido.