El día jueves, el ministro de Justicia, Daniel Figallo, se presentó ante el pleno del Congreso para intentar defenderse contra las acusaciones de que él habría presionado a la entonces procuradora del Caso La Centralita, Yeni Vilcatoma, para favorecer al prófugo Martín Belaunde Lossio. Por lo menos ante la opinión pública, como demuestra la encuesta de El Comercio-Ipsos que publicamos hoy, la defensa del ministro no fue, ni por asomo, exitosa. De los encuestados que conocen el caso, el 62% cree que la procuradora fue presionada por el ministro y 79% opina que el gobierno está protegiendo a Belaunde Lossio. No sorprende, por lo mismo, que el señor Figallo resulte el ministro con menor aprobación –obtiene solo un famélico 9%– ni que el 82% de los entrevistados piense que lo que corresponde es que no continúe en el cargo. Algo que, sin duda, inclinará la balanza en su contra en la discusión sobre su censura que se podría llevar a cabo este lunes en el Parlamento.
¿Cuál es la justificación que dio durante todos estos días el ministro y en la que la enorme mayoría de peruanos no cree? Pues que sus repetidas reuniones y conversaciones sobre el caso Belaunde Lossio con diversas autoridades no tuvieron nada de irregular, pues responderían a un interés legítimo sobre un hecho de relevancia nacional. La versión del señor Figallo, sin embargo, se estrella contra una suma de hechos que indican que, como piensa buena parte de la ciudadanía, el gobierno tendría interés en proteger al prófugo en cuestión.
Para empezar, todo indica que Belaunde Lossio pertenece al círculo íntimo de la pareja presidencial y que esta última tendría buenas razones para estar interesada en que él no fuese a la cárcel. Fue, para empezar, su jefe de campaña y financista en el 2006 (aportando más de S/.250 mil en ese entonces) y un cercano asesor en el 2011 (¿a alguien se le ocurre una persona que pueda conocer más de cerca los secretos, si los hubiere, de los señores Humala?). Además, en el momento en que la hoy pareja presidencial vivía –hasta donde se conoce– solo de la pensión del comandante en retiro, Belaunde Lossio, casi providencialmente, contrató por una elevada suma a la señora Nadine Heredia como consultora en temas en los que esta aparentemente no tenía ninguna experiencia. La relación de los Humala con Belaunde Lossio parece haber sido tan cercana que la primera dama incluso tuvo como asesora a la madre de su hijo hasta el momento en que salieron a la luz los aparentes actos ilícitos del hoy prófugo y se vio forzada a retirarla de su lado.
Y no solo eso. La pareja presidencial también habría seguido manteniendo cercanos vínculos con el socio, gerente y presunto cómplice de Belaunde Lossio, Juan Carlos Rivera Ydrogo (quien también fue financista de la campaña humalista y quien también se encargaba de manejar su publicidad). Si bien la señora Nadine Heredia intentó negar dicha cercanía en un primer momento, luego el programa “Panorama” reveló un hecho que aclaró esta situación: en los tres años pasados los esposos Humala asistieron a las reuniones navideñas en la casa de Rivera Ydrogo, las cuales eran incluso coordinadas con la oficina de Comunicación Social de la PCM. El socio de Belaunde Lossio y asiduo anfitrión de los Humala (hoy investigado por los delitos de colusión, patrocinio ilegal y tráfico de influencias), de hecho, parece haber seguido siendo tan cercano al gobierno que servía de intermediario para colocar importantes montos de publicidad estatal y se convirtió en habitual visitante de Palacio de Gobierno: hasta donde está registrado, realizó 33 visitas en dos años.
Encima de todo esto se han presentado varios hechos que dan la impresión de que no existiría voluntad de realmente esclarecer los delitos cometidos por esta aparente red criminal que se habría beneficiado de diversos contratos con el Estado. En el Congreso, el oficialismo realizó claros esfuerzos por obtener el control de la comisión que investigaría el caso, lo cual hubiese posibilitado que el gobierno conduzca las pesquisas por donde le fuese conveniente. En el Ministerio Público, el fiscal de la Nación (primo de la primera dama y también implicado en el Caso ‘La Centralita’) fue quien sugirió que Belaunde Lossio podía ser tratado como colaborador eficaz y según los ex procuradores Salas y Vilcatoma el fiscal encargado de este caso habría estado trabajando en esa línea. Y en el Ejecutivo, el ministro de Justicia y el asesor del presidente escogen este caso –entre los tantos de importancia nacional que están en el panorama– para reunirse insistentemente con las autoridades a cargo y mostrar su enfático interés por saber en qué condiciones se podría beneficiar al prófugo con la colaboración eficaz.
Con estos antecedentes cuesta mucho creer que la procuradora Vilcatoma perdió la cordura (como afirmó el ministro Urresti) e inventó una historia de presiones políticas destinadas a proteger al amigo y financista de los Humala. Con todo lo que sabemos cuesta creer que ella arruinó su carrera e hizo que la despidan porque vio un fantasma donde solo había buena voluntad del ministro Figallo. Y, como muestran las encuestas que hoy publicamos, no solo le cuesta creer todo esto a este Diario, sino a la gran mayoría de ciudadanos enterados del caso Belaunde Lossio.