Editorial: Las lecciones de la confianza

Que el Ejecutivo presentase una cuestión de confianza al Congreso, y que asegurara además que se trata de la segunda acción de este tipo que –en caso de ser rechazada– podría facultar al presidente a disolver la actual representación parlamentaria, ha motivado, como era de esperar, todo un abanico de reacciones tanto en el campo político como en la ciudadanía.

Hoy el titular del Consejo de Ministros, César Villanueva, deberá sustentar dicho pedido ante el pleno, y creemos menester hacer algunos apuntes sobre los efectos que viene teniendo hasta ahora la iniciativa del Gobierno, las aristas de la reforma misma que tendrían que mejorar sustantivamente y las perspectivas que se abren a futuro.

Respecto a lo primero, es claro que llegamos a la sesión de hoy en un ambiente mucho menos combustionado que el del domingo, cuando inmediatamente después del mensaje presidencial la confrontación parecía ganar la posta con mensajes que iban desde la acusación al mandatario por perseguir supuestos objetivos ‘golpistas’ hasta los pedidos para el cierre inmediato del Legislativo. Todas, de más está decirlo, expresiones inapropiadas.

Por fortuna, el mensaje del presidente Vizcarra parece haber tenido un resultado positivo, pues la jornada del lunes dio paso a posiciones más moderadas. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, señaló por ejemplo que “no es momento ya de calificaciones ni de adjetivos”. Y el jefe del Estado convocó a una reunión en Palacio con los voceros de todas las bancadas en la que, según contaron algunos asistentes a la cita, les comunicó que la intención no era cerrar el Congreso. Gestos que permiten pensar que en la sesión de hoy no saltarán chispas.

Más importante aun, el anuncio del mandatario sirvió para que en el Congreso se concreten algunos pasos cardinales para la reforma. Como se sabe, el mismo lunes la Comisión de Constitución aprobó el dictamen para la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (que anoche se admitió en el pleno), un texto en el que destaca la disposición transitoria para que la nueva plana revise los nombramientos de los antiguos consejeros que, presumiblemente, podrían haberse concebido de forma irregular. De igual manera, la Junta de Portavoces se puso de acuerdo para que los proyectos de reforma estén listos antes del 4 de octubre, de manera que el referéndum pueda votarse en diciembre.

Preocupa, sin embargo, que en diversos proyectos existan todavía algunos planteamientos cuya materialización podría ser contraproducente para lo que se busca lograr y sobre los que hemos advertido ya en esta página. Ahí está, por ejemplo, la propuesta para prohibir la reelección inmediata de los congresistas (que impediría el cultivo de una clase parlamentaria experta), o la cantidad de legisladores que compondrían un eventual Parlamento bicameral (la propuesta del Gobierno de que se mantengan en 130 es insuficiente tanto para el tamaño de la población peruana como para el promedio regional), entre otras.

Más allá de los cambios puntuales, es inocultable que el Gobierno ha ganado el pulso en lucir como el actor más interesado en materializar las reformas. Esperemos que, frente a esto, la actitud de Fuerza Popular, más que volver a retar al presidente a un juego de fuerza, se enfoque en encontrar la manera de despercudirse de la imagen de obstruccionismo que hoy exhibe ante la ciudadanía. Y para esto cuenta ya con las herramientas. Un buen inicio podría ser liderar una reforma electoral que, si bien registró algunos avances, aún luce incompleta. Después de todo, la estrategia de confrontación que vienen siguiendo no le está rindiendo frutos: desde agosto del 2016, la señora Fujimori ha perdido casi 30 puntos de aprobación.

En fin, si algo ha dejado claro esta solicitud de cuestión de confianza es que el trabajo entre Ejecutivo y Congreso no es una posibilidad descabellada. De lo que se tratará de ahora en adelante es de ir por la confianza del país.