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La semana pasada, la congresista y vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza, presentó ante la Comisión de Constitución del Congreso un proyecto de ley que busca evitar que las personas ligadas al narcotráfico obtengan una curul en el Parlamento. La propuesta: si resulta que un congresista en ejercicio de sus funciones es condenado por tráfico ilícito de drogas, no solo perderá su escaño, sino que también se sancionará a su partido. La idea es que aparezca la figura de la “curul vacía”, que significa que ningún otro miembro del partido en cuestión reemplazará al congresista sancionado.
La propuesta parte de dos hechos ciertos. El primero, que en nuestro país la relación entre el narcotráfico y la política es más cercana de lo que desearíamos. Todos tenemos todavía fresco el recuerdo de Nancy Obregón, quien ocupó un escaño en el Congreso del 2006 al 2011 (invitada –según su testimonio– personalmente por el señor Ollanta Humala para formar parte del partido). Hoy –después de que la Dirección Antidrogas de la Policía interceptara comunicaciones en las que Obregón habría coordinado el envío de cocaína al extranjero–, la ex congresista enfrenta desde prisión un proceso por narcotráfico y colaboración con el terrorismo. Por citar un ejemplo más reciente, recordemos que el peruposibilista José León viene siendo investigado en la Comisión de Ética del Congreso, después de que se reveló que tiene presuntos nexos con un narcotraficante mexicano.
El segundo hecho cierto del que parte la propuesta es que imponer una sanción a los partidos políticos sirve como incentivo para que estos se encarguen de verificar mejor los antecedentes de sus representantes. Así, lo que estaría en riesgo, después de todo, ya no sería solo su reputación –cosa que, dicho sea de paso, no parece importarle demasiado a nuestros partidos–, sino cuánto peso y cuánta representación tendrán efectivamente en el Congreso.
Ahora bien, el proyecto de la vicepresidenta Espinoza, aunque bueno en principio, tiene mucho por donde crecer. Para comenzar, en lo que toca al tipo de delitos por los que los partidos serán responsables. En Colombia, por ejemplo, hace unos años se estableció que los partidos no solo tengan responsabilidad si sus congresistas resultasen vinculados al narcotráfico, sino también si estos fuesen condenados por delitos vinculados a grupos armados ilegales, por delitos contra los mecanismos de participación democrática o por lesa humanidad. Sugerimos que, además, en nuestro país las responsabilidades se extiendan para los casos en los que se condene a los representantes por delitos de corrupción (tema que, de hecho, también se está discutiendo en Colombia). Después de todo, si algo nos ha demostrado la historia de nuestro país es el daño que pueden causar los congresistas que se involucran a este tipo de delitos.
Por otro lado, valdría la pena también considerar la posibilidad de aplicar sanciones (incluso, en casos extremos, la pérdida de personería jurídica) a las agrupaciones políticas que presenten no solo congresistas, sino en general candidatos a cargos de elección popular que resulten sentenciados por los delitos antes mencionados (cosa que, de hecho, también se considera en la legislación colombiana). En efecto, si algo tenemos claro en nuestro país es que no hay delincuentes solo entre los congresistas. Ahí tenemos el sonado caso de Roberto Torres, inhabilitado alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, cuya organización delictiva habría malversado, según la Controlaría General de la República, S/.82 millones destinados al financiamiento de obras públicas. O el caso de César Álvarez, ex presidente regional de Áncash que viene enfrentando desde prisión acusaciones de corrupción, soborno y homicidio.
Además, sugeriríamos –también copiando a Colombia– crear una ventanilla única que facilite a los partidos o movimientos acceder a información de sus candidatos de modo centralizado. Así, se les facilitaría la labor de supervisión y fiscalización, pues esta podría brindar datos como denuncias, investigaciones, procesos y condenas.
La propuesta de la congresista Espinoza va, en fin, en la dirección correcta. Ojalá que en el Congreso sepan reconocerla y afinarla. Así, estaríamos dando un paso más para lograr las muchas reformas que necesitamos para mejorar la política en el Perú.
