Editorial:La lista negra de ‘Chollywood’

La revelación de las versiones no oficiales de lo declarado por Jorge Barata y el publicista Valdemir Garreta sobre los aportes de las constructoras brasileñas a la campaña del NO en el 2013 han provocado en Fuerza Popular (FP) actitudes que contrastan con las que adoptaron a propósito de los trascendidos sobre lo declarado recientemente por Marcelo Odebrecht con respecto a la campaña de Keiko Fujimori en el 2011.

Mientras que estos últimos les parecieron sumariamente falsos (“El diario El Comercio miente”, dijo la lideresa fujimorista con respecto a nuestro titular de portada del 10 de noviembre), las filtraciones sobre los aportes oscuros a la campaña contra la revocación de la ex alcaldesa Susana Villarán les han parecido indiscutiblemente ciertas.

“Como cualquier peruano, ciudadano y limeño recuerdo mucho esa campaña de revocatoria [...] Estamos indignados, obviamente, cada vez esta situación de corrupción es asquerosa”, ha sentenciado, por ejemplo, el presidente del Congreso, Luis Galarreta. Mientras que el vocero alterno de la bancada de FP, Héctor Becerril, escribió el jueves de esta semana en su cuenta de Twitter: “Ayer se enterró políticamente a Susana Villarán embarrada totalmente por la corrupción”.

Y la verdad es que, más allá de los tonos en los que ha sido expresada, compartimos su impresión acerca de la verosimilitud de las versiones sobre los testimonios de Garreta y Barata. En donde no se los puede acompañar, sin embargo, es en su afán de convertir esta nueva información en pretexto para salpicar a quienes ofrecieron bienes o servicios –rentados o no– a la campaña del NO con la misma mancha que hoy se cierne sobre quienes la condujeron. En particular, a los actores y artistas en general que aparecieron en las propagandas en los medios para respaldar esa opción.

“Considero que tienen que ser convocados y en la próxima sesión [de la Comisión Lava Jato] estaremos pidiendo que todos los artistas que fueron parte de los spots publicitarios de Susana Villarán vayan a declarar”, ha anunciado la congresista Karina Beteta, al tiempo de apuntar que deben informar quién los contrató para los spots, con quiénes coordinaban y cuál era el rol que cumplían.

Algo más cauta, la parlamentaria Luz Salgado ha dicho: “No creo que todos hayan estado en conocimiento de esta entrega de dinero”. Para luego, sin embargo, agregar: “Los que hacían propaganda, los que salían en medios a cada rato, tendrían que haber preguntado a la agencia quién está pagando esto […]. Si no tienen doble moral, [deberían] salir a denunciar la corrupción, a menos que la estén ocultando y se conviertan en cómplices”.

¿Pero es verdad que quien provee algún servicio o trabajo a una campaña tiene que preguntar por los orígenes del dinero con el que se le va a pagar, a riesgo de convertirse en ‘cómplice’ de una financiación ilícita? ¿Acaso el que alquila un estrado, el que vende unos megáfonos o el que brinda un transporte tendría que hacerlo? No, porque si ese fuera el caso, tendrían que hacerlo con cualquier cliente y eso haría infinitas y en última instancia imposible las transacciones económicas en la sociedad.

El planteamiento de llevar a esos artistas a la comisión, entonces, es absurdo y, de concretarse, lindaría con la persecución y un espíritu de revancha atribuible a su pasada actuación política, frecuentemente contraria al fujimorismo, pues son sintomáticas, en ese sentido, otras recientes expresiones de Galarreta y Becerril al respecto.

“Son los supuestos abanderados de la lucha contra la corrupción, los que lavan bandera, los que cuestionan a todo el mundo, los que tienen una doble forma de medir”, ha dicho el primero, mientras que el segundo ha escrito: “A todos los artistas ‘progres’ que cobraron a manos llenas dinero de la corrupción por la No revocación […], así laven todas las banderas del país, ¡nunca el Perú les perdonará su falsa moral!”.

La ojeriza, pues, es evidente.

En los años cincuenta existió en Hollywood una ‘lista negra’ de actores, guionistas y directores a los que se dejó sin trabajo y se los llevó a declarar a una comisión congresal ‘de actividades antiestadounidenses’ por sus inclinaciones políticas. Un abuso que ensombrece la historia de la democracia norteamericana. Nuestro coloquialmente llamado ‘Chollywood’, por lo que parece, pasa ahora por la misma amenaza.