Desde el lunes 2 de diciembre, todos los vehículos que invaden el carril exclusivo para buses pueden ser multados con S/336. Para optimizar el reparto de las sanciones, la Municipalidad de Lima ha implementado un método de fiscalización electrónica en el corredor azul, empleando cámaras que registran las placas de los infractores para identificarlos. Con este sistema –que también se empleará en las rutas que siguen el servicio rojo y morado–, para las cinco de la tarde del día que comenzó a funcionar, se colocaron 1.844 papeletas.
La medida anunciada por la autoridad edilicia resulta saludable, toda vez que pretende solucionar un problema que no puede ser pasado por agua tibia: la invasión de las vías exclusivas para buses, al ser perpetrada (usualmente) por colectivos informales, depreda el negocio de las empresas formales que proveen el servicio y representa un incumplimiento de los términos acordados entre las concesionarias y el Estado. De hecho, esta iniciativa entra en vigencia pocos días después de la vandálica huelga de ‘colectiveros’ que reclamaban formalizarse y a casi un mes de que la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano anunciase (y luego suspendiese) un paro.
Empero, la verdad es que disposiciones como esta –si bien arrojan cifras llamativas, como las citadas 1.844 papeletas en pocas horas–, en una ciudad como la nuestra, contribuyen poco a remediar los problemas del transporte. Y es que, como hemos dicho en más de una ocasión, la solución a nuestro aprieto automovilístico no reside en seguir acumulando normas y castigos, sino en hacer que estos se cumplan. En ese sentido, lo que ocurre con las papeletas es sintomático de un sistema que no funciona y que permite que los malos choferes, con decenas de multas en su haber, continúen circulando.
Como ha venido informando este Diario a través de su campaña #NoTePases, existen múltiples caminos que un infractor puede tomar para sortear el pago de las multas que le imponen. Uno de ellos es la contratación de abogados expertos en impugnar las sanciones hasta que estas prescriban y en liberar autos de los depósitos. Se trata de letrados, en fin, que no tienen que corromper el sistema para ayudar a sus clientes, sino que se valen de él y su debilidad. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), luego de que publicásemos esta información, anunció decretos de urgencia que buscan ser un remedio (reduciendo en un año el proceso de sanción).
Pero la medida del MTC solo se dispone a paliar un síntoma de la enfermedad. Otro problema son los descuentos que suelen hacerse al monto de la mayoría de papeletas (con excepción de las que castigan faltas como conducir ebrio o sin licencia). Las autoridades municipales parecen privilegiar la recaudación de fondos que supone el cobro rápido y barato de las multas, en perjuicio de la cualidad disuasiva y pedagógica de la sanción.
A esto último se suman las amnistías (absolución total o parcial de la deuda) que hacen los municipios distritales y provinciales cada cierto tiempo. La Municipalidad del Callao, por ejemplo, en noviembre del 2018, anunció un descuento del 90% de la deuda para aquellas faltas cometidas hasta el 31 de agosto anterior.
También existe el fraccionamiento. Al haber espacio limitado en los depósitos, y al haber vehículos (como las coasters informales) que acumulan millones de soles en papeletas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fracciona los pagos. Ello permite que los choferes liberen sus automóviles a cambio de una porción mínima de la deuda. Así hay circulación en los almacenes y la entidad recauda dinero. La circunstancia, además de dar cuenta de la falta de infraestructura en esta materia, diluye el efecto que deben tener las amonestaciones.
Encima de todo esto se tiene el perverso sistema que añade puntos en contra a los brevetes de las personas que cometen una infracción. Como ha dado a conocer este Diario, este mecanismo ha significado una repartición desigual de las sanciones dependiendo del reglamento bajo el que se encuentre el chofer. La consecuencia: hay conductores de combi, camión y taxi con cientos de multas pero con pocos puntos en su contra, mientras que lo contrario ocurre con los particulares.
Así las cosas, resulta evidente que la sola imposición de más papeletas no va a servir para remediar nuestros problemas. Las multas se aplican, las deudas de los infractores se acumulan (hemos dado cuenta de coasters que conducen debiéndole millones de soles al fisco) y las conductas no cambian. Y mientras no se haga una reforma de la manera en que sancionamos a los malos choferes, todo seguirá igual.