Los nudos de la reanudación

Esta semana ha comenzado la primera de las cuatro fases que el Gobierno ha preparado para la reactivación de las actividades económicas en el país que llevan paralizadas casi dos meses, desde que el presidente Martín Vizcarra anunció el estado de emergencia nacional el 15 de marzo pasado.

Por supuesto que el hecho de volver a encender –aunque a baja intensidad– los motores económicos del país no quiere decir, de ninguna manera, que el COVID-19 haya dejado de ser una amenaza considerable para los ciudadanos. Significa, más bien, que el duro aunque necesario confinamiento, que ha tenido que ser prorrogado hasta en tres ocasiones, ha comenzado a pasarle la factura a muchas familias y empresas peruanas que, aun cuando no sea en las cantidades o el ritmo de antes, necesitan volver a generar ingresos pronto. Después de todo, es factible creer que el coronavirus seguirá con nosotros todavía durante algún tiempo, mientras que el azote económico que ha generado ha empezado a dejar algunas cifras (según el economista y columnista de este Diario Elmer Cuba, la pobreza podría pasar este año del 20% al 28%, el sector formal podría haber perdido ya entre 700.000 y 800.000 empleos, y el PBI anual podría caer en 12%).

De más está decir que el Perú no es el único país que ha comenzado a mover sus engranajes económicos. En estos días, por ejemplo, países como Francia y España han comenzado a reabrir tiendas y comercios no esenciales, aunque con medidas sanitarias que apuntan a limitar la propagación del virus.

En ese sentido, el Ejecutivo también ha emitido una serie de requisitos para autorizar el regreso a las actividades de algunos negocios, como los restaurantes. Y aunque se entiende que la preocupación cardinal del Gobierno en estos momentos es salvaguardar la salud de las personas, solicitando todos los implementos o acciones necesarias, también es cierto que no se puede ignorar el impacto que algunos requerimientos tienen en la realidad de varios negocios que, como los más pequeños, sencillamente no tienen cómo cumplir con todos ellos para volver a abrir.

Por ejemplo, tal y como recogíamos en una nota en este Diario, una de las opciones para que los restaurantes vuelvan a operar es a través del delivery. Sin embargo, muchos negocios que antes no atendían bajo esta modalidad necesitan ahora adquirir motocicletas para hacer los repartos… pero la venta de estos vehículos todavía no ha sido autorizada. De igual manera, algunos dueños de restaurantes han advertido problemas al momento de ingresar su información en la web del Ministerio de la Producción, y otros han denunciado que fueron notificados por la institución de que no podían volver a operar sin recibir mayores explicaciones de la negativa.

Esto, por supuesto, por no hablar de otros negocios no esenciales que no conforman la primera fase de la reactivación y que, en consecuencia, todavía no podrán volver al trabajo (como las ferreterías, las peluquerías o las librerías), pero que necesitan que sus autoridades comprendan las particularidades de sus dimensiones y que, cuando menos, les den mensajes claros (en ese sentido, declaraciones como las del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Édgar Vásquez, de que el inicio de la segunda fase de reanudación económica podría ser postergada si la situación sanitaria no ha sido controlada, no ayudan mucho).

Nada de esto quiere decir que no se necesitan medidas sanitarias para proteger a los ciudadanos (tanto a los trabajadores como a los clientes). De lo que se trata es de que la preocupación por la salud no ciegue al Gobierno de mirar la realidad de cómo las empresas empiezan a adecuarse a los protocolos dictados. Al fin y al cabo, tampoco sería saludable para el país haber capeado una pandemia gracias al acierto de las medidas de sus autoridades, para luego sufrir un golpe económico mayúsculo por los desaciertos de estas.