Los retos de la nueva fiscal de la Nación

Ayer, durante una sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos, la abogada Liz Patricia Benavides Vargas fue elegida nueva fiscal de la Nación. Tras haber sido seleccionados a través de un concurso público, tanto ella como Juan Villena Campana se incorporaron a la referida Junta el pasado martes 14 y con ello permitieron que la instancia máxima del Ministerio Público vuelva a una cierta normalidad.

De hecho, la señora Benavides Vargas sucede en el importante cargo al que acaba de acceder a Pablo Sánchez, quien lo ocupaba solo de forma interina desde el 30 de marzo pasado. Y en esa medida, ha asumido la máxima responsabilidad en una serie de investigaciones que, por comprender a importantes representantes o exrepresentantes del Ejecutivo y el Legislativo, concitan la atención del país y serán determinantes para el futuro de nuestra democracia.

Ahí están, por ejemplo, las pesquisas que comprometen al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y a los congresistas de Acción Popular conocidos como ‘Los Niños’. Pero la más relevante de todas, sin duda, es la que concierne al presidente Pedro Castillo.

Como se sabe, el antecesor de la nueva fiscal decidió abrir una investigación preliminar al mandatario por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, marcando así un contraste con la actitud de anteriores titulares del Ministerio Público, que se habían resistido a iniciar procesos semejantes, invocando el artículo 117 de la Constitución. Este, sin embargo, habla solo de la imposibilidad de acusar a quien ejerce la jefatura del Estado; no de la de investigarlo. Y en este Diario nos hemos pronunciado ya sobre el particular, anotando que estamos de acuerdo con la lectura que hizo el anterior fiscal, Pablo Sánchez, del mentado artículo constitucional.

De cualquier forma, es probable que la controversia que existe al respecto llegue hasta el Tribunal Constitucional, pues de no prosperar en el Poder Judicial el recurso de tutela de derechos presentado por la defensa del presidente para que se anule lo actuado hasta el momento en la indagación, el abogado Benji Espinoza ha adelantado que acudirá a la mencionada instancia.

Mientras eso ocurre, no obstante, el principal desafío de la señora Benavides Vargas es ir adelante con la investigación, en la que ya se dio el viernes pasado un importante paso con la concurrencia del mandatario a la sede de la fiscalía para responder un pliego de 100 preguntas. La información recogida en el entorno de la nueva fiscal de la Nación sugiere que ella comparte el punto de vista de su antecesor y que, por lo tanto, continuará el proceso ya iniciado. Pero es probable que las presiones políticas para que actúe en un sentido distinto no sean pocas.

Felizmente, en el pasado, ella ha estado expuesta a casos de gran envergadura y no exentos de connotación política, como los de Los Cuellos Blancos del Puerto, la Centralita y la red Orellana, lo que hace pensar que esta vez también estará a la altura de los múltiples retos que tiene entre manos.

De su desempeño dependerá, por supuesto, la recuperación del prestigio que el Ministerio Público a veces ha visto disminuido, precisamente por su ocasional sometimiento a los vaivenes del poder o a la tentación de sintonizar con posturas mayoritarias en la ciudadanía más allá de criterios jurídicos. Pero no solo eso. Dependerá también, como decíamos al principio, el futuro de nuestra democracia, porque la enorme desconfianza que existe hoy entre los votantes hacia sus autoridades elegidas se origina fundamentalmente en la reiterada evidencia de que quienes alcanzan posiciones encumbradas en la estructura del Estado se vuelven en la práctica intocables y, en consecuencia, no tienen empacho en administrar el poder de manera que beneficie a sus allegados o a ellos mismos.

Si la señora Benavides logra sembrar las bases para acabar con esa deplorable tradición, le habrá hecho un gran servicio a la nación.