Editorial: Luz argentina

A poco de terminar el año pasado, la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (CFK) vivió la que tal vez fue su semana más agitada desde que abandonara la Casa Rosada en diciembre del 2015. En menos de 72 horas, dos juzgados diferentes le abrieron procesos penales por motivos distintos. 

La primera embestida llegó el martes 27 de diciembre. Ese día, el magistrado Julián Ercolini anunció el inicio de un juicio contra CFK por asociación ilícita, al considerar que la ex mandataria influyó para que la firma Austral Construcciones –del hoy preso empresario Lázaro Báez– ganara 52 contratos por US$3.232 millones durante los doce años de gobierno kirchnerista. Según una auditoría realizada por Vialidad Nacional (organismo encargado del desarrollo de la infraestructura vial en Argentina) –y tomada en cuenta por el juez– el acumulado de los sobreprecios pagados en algunas de estas obras llegaría hasta los US$1.000 millones. 

Dos días después, la Cámara Federal de Casación Penal argentina reabrió una investigación encarpetada contra CFK por supuestamente haber blindado a cinco ciudadanos iraníes involucrados en el atentado de 1994 a la mutual judía AMIA, que dejó 85 fallecidos. La denuncia, como se recuerda, fue realizada por el fiscal Alberto Nisman, quien apareció muerto en su departamento a un día de presentar sus hallazgos ante el Congreso. Según Nisman, la ex presidenta habría encubierto a los implicados en el ataque al firmar un acuerdo para que estos declarasen en su país natal, Irán, y no en Argentina, como correspondía. 

Pero la lista de casos que involucran a CFK y a su círculo familiar no se agota en estos dos. Desde mayo pasado, la ex mandataria también viene siendo investigada por la venta de dólares subvaluados que realizó el Banco Central Federal (BCF) a grandes corporaciones. Dicha operación –por la que también se investiga al ex ministro de Economía y al ex director del BCF– le ocasionó al Estado argentino un perjuicio económico de 57.000 millones de pesos (US$3.800 millones, al tipo de cambio actual). Asimismo, la hija de la ex gobernante, Florencia Kirchner, está implicada en una pesquisa por lavado de activos conocida como Hotesur. Mientras que su hijo, Máximo, ha sido denunciado por la fiscalía por enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos.

La retahíla de investigaciones judiciales y fiscales aquí comentadas y otras más pendientes de desarrollo parecen revelar que, una vez caído el telón y esfumado el poder capturado por más de una década, las malas prácticas escondidas en el ático de un gobierno acostumbrado al mercantilismo y a la opacidad en su gestión han empezado a descubrirse. 

Estas revelaciones iniciales, sin embargo, no deberían causar sorpresa viniendo de un gobierno que recurrió a la oscuridad como primera y principal estrategia, ocultando, por ejemplo, sus cifras oficiales. Como se recuerda, en el 2012, instituciones extranjeras como el Fondo Monetario Internacional y la revista británica “The Economist” dejaron de utilizar las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos argentino por la inverosimilitud de sus reportes, evidentemente maquillados. Así, por ejemplo, mientras que la entonces presidenta reportaba en el 2015 que su país registraba un porcentaje de pobreza del 5% (menor al de varios países de la OCDE), una estadística privada de la Universidad Católica Argentina estimaba ese indicador en 27%. 

Para este nuevo año, y pese a que la ex mandataria se empeñe en denunciar que todas las investigaciones forman parte de un complot entre sus opositores políticos y la prensa que busca desprestigiarla, solo queda esperar que la justicia argentina se aboque a los procesos de la manera más aséptica y transparente posible. Luego de doce años de oscuridad, el país sudamericano se merece un poco de luz.