Editorial: Mal puerto

En dos días, el Poder Judicial resolverá el pedido de prisión preventiva por 36 meses formulado por la fiscal Sandra Castro contra 11 imputados en el Caso Rich Port II. Este involucra a una presunta organización criminal que utilizó a la Empresa de Servicios de Limpieza Pública del Callao (Eslimp) para expoliar millones de soles de las arcas del primer puerto a través del pago a trabajadores fantasmas –hasta ahora se han detectado más de 3.000–.

Según el Ministerio Público, dicha mafia estaría encabezada por Víctor Albrecht y Juan Sotomayor. El primero de ellos fue, además de alcalde del distrito de La Perla (1999-2002) y vicepresidente regional del Callao (2007-2010), legislador por Fuerza Popular en el Congreso disuelto. De hecho, Albrecht presidió en un principio la Comisión Lava Jato hasta que renunció al cargo, luego de que diversos parlamentarios cuestionaran su continuidad a la cabeza de un grupo de trabajo que tenía que investigar a un personaje con el que él había estado ligado en el pasado: Félix Moreno.

Sotomayor, por su parte, ha sido alcalde provincial del Callao en dos períodos (2011-2014 y 2015-2018). Y desde el 2018 es, además, presidente del partido político Vamos Perú, organización que obtuvo apenas el 2,11% de votos válidos en los comicios del pasado 26 de enero.

Pero Albrecht y Sotomayor comparten otro vínculo además del planteado por la fiscalía. Ambos fueron parte del partido político Chim Pum Callao, fundado por el exgobernador regional Álex Kouri, que llegó a ostentar la hegemonía en la provincia constitucional durante más de dos décadas. Un partido que antes acumulaba autoridades en varios distritos y niveles del Callao y que hoy, en cambio, acumula procesados.

En efecto, además de Albrecht y Sotomayor, otros conspicuos representantes de Chim Pum Callao han desfilado por las salas de audiencias en los últimos tiempos. Álex Kouri, por ejemplo, fue sentenciado en el 2016 a cinco años de cárcel por colusión agravada en el Caso Convial (por el nombre del consorcio al que su gestión benefició en la construcción de la vía expresa de la avenida Faucett).

Mientras que Moreno, quien sucedió a Kouri en el Gobierno Regional del Callao, ha sido sentenciado en dos casos de corrupción –Córpac y Fundo Oquendo– y es investigado en el Caso Lava Jato, por presuntamente haber beneficiado a la constructora brasileña con el proyecto Costa Verde Callao a cambio de un soborno de US$4 millones.

Vistas las cosas en retrospectiva, no parece arrojado afirmar que lo que guio la labor de los líderes de Chim Pum Callao no fue el desarrollo del Callao y el bienestar de sus ciudadanos, sino, más bien, las oportunidades de lucrar que ofrecían los cargos que ocuparon, y en los que, en más de una ocasión, fueron alternando entre ellos. Una lástima tratándose de una provincia a la que la delincuencia y el crimen organizado han mancillado, que entre el 2015 y el 2016 tuvo que vivir bajo estado de emergencia durante más de 300 días y que ha tenido que aguantar no solo el asedio de los criminales comunes, sino también –al parecer– el de algunas autoridades.

La responsabilidad de la expoliación del Callao, por supuesto, también salpica a quienes desviaron la mirada y permitieron que el puerto fuera esquilmado durante años sin mover una ceja. Una muestra de esto último, por ejemplo, es la comisión investigadora que se formó en el Congreso anterior precisamente para inspeccionar “posibles actos de corrupción en el Gobierno Regional del Callao”, cuya instalación demoró más de un año, y que se fue a casa sin presentar informe final.

Bien es cierto que, cuando el calendario vuelva a citar a las urnas, los ciudadanos chalacos tendrán la oportunidad de renovar a una clase política séptica que ha llevado a la provincia a, paradójicamente, mal puerto. Pero también es cierto que el resto de los políticos nacionales y las instituciones encargadas de fiscalizar el poder tienen la responsabilidad de evitar que algo así vuelva a ocurrir.