Editorial: Más allá de un cambio de nombre

Esta semana, Graña y Montero difundió un spot en el que, en pocas palabras, anunció que: (i) les pedía perdón a todos los peruanos “por los daños ocasionados”, (ii) que los trabajadores que hubiesen cometido actos ilícitos ya no laboraban en la empresa, (iii) que se encuentra colaborando con las autoridades judiciales “con total transparencia”, (iv) que cambiará de nombre y (v) que el espíritu de la ‘nueva compañía’ será evitar que lo que ocurrió vuelva a suceder.

Ciertamente, es encomiable que una empresa que se vio envuelta en dos de los mayores escándalos de corrupción del Perú en los últimos tiempos –el Caso Lava Jato y el del club de la construcción– tenga el decoro de aceptar su cuota de responsabilidad y, en consecuencia, de pedirle perdón al país. Pero tan cierto como lo anterior es que, como escribió el Nobel de Literatura J. M. Coetzee, “todos lo lamentamos cuando se nos descubre”. Y siguiendo la cronología del camino hacia el arrepentimiento de la constructora, pareciera que estuviésemos ante lo segundo.

Como se recuerda, las primeras sospechas contra Graña y Montero aparecieron en febrero del 2017. Durante un interrogatorio llevado a cabo por el equipo que lideraba entonces el fiscal Hamilton Castro a Jorge Barata, a propósito de las coimas pagadas al expresidente Alejandro Toledo por la IIRSA Sur, el exrepresentante de Odebrecht en el Perú contó que, si bien la compañía brasileña había costeado el soborno para el exmandatario, las empresas que participaron en el consorcio “sabían que habíamos pagado y que tenían que asumir lo que correspondía”. Tras esta delación, Graña y Montero emitió un comunicado en el que negó “rotundamente” lo afirmado por Barata y contestó que “nuestros ejecutivos nunca conocieron, ni menos gestionaron o realizaron pago alguno en relación a algún tipo de soborno [...] realizado por Odebrecht”.

Semanas después, al comparecer en la Comisión Lava Jato del Congreso, los exdirectivos de la empresa repitieron la misma letanía: que Odebrecht había sobornado a espaldas de ellos.

Entre fines del 2017 e inicios del 2019, sin embargo, las evidencias hicieron rodar por tierra la defensa inicial de la constructora. Marcelo Odebrecht, ex CEO del grupo brasileño; Carlos Nostre, exjefe del proyecto metro de Lima (construido por Odebrecht y Graña y Montero); Sergio Nogueira, exsecretario general del consorcio Conirsa (a cargo de la IIRSA Sur); y el mismo Barata nuevamente revelaron en distintos momentos a los fiscales peruanos que Graña y Montero no solo había estado al tanto de las coimas desembolsadas por su par brasileña, sino que, inclusive, llegó a pagar parte de estas. Así, para fines del año pasado, ya se sabía que la empresa peruana estaba comprometida en al menos cuatro flancos: los proyectos IIRSA Sur, metro de Lima, gasoducto sur peruano y en el caso del club de la construcción. Y se sabía, también, que llevaba varios meses entregando evidencias al Ministerio Público en su esfuerzo por convertirse en colaborador eficaz…

A decir verdad, resulta difícil cuantificar el daño que Graña y Montero le ha hecho al país. No solo por los varios millones que el Estado tuvo que desembolsar a la compañía y a Odebrecht durante años por obras infladas con sobrecostos injustificados y obtenidos írritamente. Sino también por ese otro daño que, aunque menos fácil de cuantificar, resulta mucho más lesivo para los ciudadanos.

En efecto, Graña y Montero le ha ocasionado un perjuicio inconmensurable a la institucionalidad peruana, proyectando la sensación de que su ley y sus entes fiscalizadores son fáciles de burlar. Ha emponzoñado, además, la reputación de la actividad privada –haciéndola ver como sinónimo de pillaje– en un país que la necesita para crecer económicamente, y les ha dado las municiones a los opositores del libre mercado para vilipendiar a un modelo que estriba en la competencia y que es –exactamente– todo lo contrario al mercantilismo con el que Graña y Montero operó durante algún tiempo.

Las disculpas ofrecidas, en suma, no son suficientes. El camino a recuperar la confianza de los peruanos comenzará con el apoyo y transparencia que le ofrezcan a la justicia en estos y en cualquier otro caso.