Editorial: Mentira electoral

La cantidad de información que los ciudadanos desconocen de los candidatos es abrumadora y preocupante. El sábado reportamos, por ejemplo, que el Registro Nacional de Condenas había revelado que 2.131 candidatos tienen algún tipo de condena, en lo que sería solo un filtro preliminar de los antecedentes de vida de parte de los postulantes.

Por otro lado, el ministro del Interior, Daniel Urresti, anunció el viernes que al menos 115 candidatos a municipios y gobiernos regionales presentaban antecedentes por tráfico ilícito de drogas. Esta información, sin embargo, no está confirmada oficialmente porque el JNE aún no depura el tipo de delito con el que se vincula a cada candidato. Hasta el momento, no obstante, se ha corroborado que existen 13 postulantes que han declarado voluntariamente haber tenido alguna condena por el delito de tráfico ilícito de drogas (y en una preocupante coincidencia, todos ellos buscan cargos públicos en zonas cocaleras del Perú). Se sabe, asimismo, que cinco candidatos purgaron condenas por terrorismo. Y el JNE descubrió que 218 postulantes tienen una condena vigente (es decir, siguen cumpliendo su pena). De estos, 47 tienen condena por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria, 27 fueron condenados por el delito de peculado e incluso hay un postulante que está condenado por la violación sexual de un menor de 14 años.

Así, los ciudadanos nos acercaremos a las urnas sin saber realmente por quién estamos votando. Que no le sorprenda, señor lector, que meses después de elegido se descubra que el candidato por el que usted votó fue un violador, asesino, narcotraficante o terrorista. 

Lo más indignante, sin embargo, es que los mismos partidos que postulan a estos señores muchas veces ni siquiera tienen idea de su prontuariado. Por ejemplo, cuando se le cuestionó a Unión por el Perú sobre su candidato Pedro Feliz Cuevas Arpi, sentenciado en el 2003 por narcotráfico, su personero respondió que recién van a indagar sobre su caso. Y muchos partidos, al igual que este, ni siquiera tienen la diligencia de investigar a profundidad a la gente que postulan a los cargos públicos.

En este Diario creemos que no hay razón por la cual a los partidos políticos deberían medírseles con una vara distinta que a las empresas privadas en lo que refiere a sus obligaciones de transparencia con el público. Así como las instituciones que cotizan en la bolsa son sancionadas si no informan a la Superintendencia del Mercado de Valores de cualquier hecho de importancia que pudiera ser relevante para los inversionistas, los partidos políticos deberían ser duramente sancionados si no informan al JNE de cualquier hecho de importancia que pueda ser relevante para los electores. Y aquí no solo nos referimos a los antecedentes importantes de sus candidatos, sino también a sus fuentes de financiamiento. Este último es un tema grave, pues solo 91 agrupaciones políticas de las más de 400 existentes cumplieron con reportar su tercer informe financiero de campaña ante la ONPE. ¿Por qué a las organizaciones políticas no se les hace responsables por su transparencia y la de sus miembros y a las organizaciones comerciales sí? 

De la misma forma, así como el Indecopi sanciona a las empresas que realizan publicidad engañosa sobre sus productos, el JNE debería sancionar a aquellos partidos cuyos candidatos claramente prometen cosas que legalmente o financieramente no pueden cumplir. Un candidato, por ejemplo, ha prometido regalar 500 soles mensuales a cada familia de su región de ser elegido. Otro, pagar los gastos para arreglar las dentaduras de los pobladores. Y, solo por citar un caso más, hay un postulante que promete instalar 100 “teleféricos populares” para las zonas altas de los conos de la capital. Todas estas promesas son impracticables porque no lo permite la ley o porque no son financieramente viables. ¿Por qué no multar a estos señores y a sus agrupaciones políticas de la misma forma que, por ejemplo, se multa a la empresa que vende pastillas para bajar de peso y que no tiene cómo demostrar que su producto funciona? ¿O es que existe alguna razón –que nosotros ciertamente desconocemos– por la que la mentira y la irresponsabilidad sí se tolera en los procesos electorales pero no en los de mercado?