Editorial: Metástasis

EDITORIAL

Ayer, en este mismo espacio, resaltamos los méritos que ha logrado el gobierno en el campo de los proyectos de inversión público-privada. Como mencionamos, en ninguno de los gobiernos pasados se consiguió otorgar concesiones por los montos que esta administración ha podido colocar, lo cual resulta aun más meritorio cuando se encuentra tan solo en la mitad de su gestión. Un enorme éxito, sin duda.

No obstante, en el terreno de las inversiones, así como este gobierno tiene algunas de cal tiene otras de arena. Nos referimos, concretamente, a la promoción de la inversión privada a secas, cuyo crecimiento viene desacelerándose. Y la responsabilidad no solo es de factores externos, sino también  de la hiperplasia regulatoria que ha crecido tremendamente en los últimos años, particularmente durante este gobierno.

Para muestra, varios botones. La administración del presidente Humala aprobó una ley de seguridad y salud en el trabajo que establece  estándares que no existen ni en los quebrados estados de bienestar europeos y que ninguna empresa pequeña o mediana puede cumplir. También promulgó una norma que obliga a las empresas privadas con más de 50 trabajadores a contratar a personas con discapacidad en una proporción no menor al 3% del total de empleados, so pena de una multa de hasta 57.000 soles. No tuvo en cuenta que, por su naturaleza, no todas las organizaciones pueden emplear trabajadores discapacitados (pensemos por ejemplo en una empresa de construcción, de seguridad o una minera), ni que no existe evidencia de que hoy existan trabajadores preparados para cubrir todas esas plazas. Por otro lado, el Gobierno creó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que puede imponer multas enormes cuando considere que una empresa incumple una normativa que es de por sí una de las más ambiguas, onerosas y rígidas del mundo, y que en este gobierno se ha agravado. 

En materia de impuestos y regulación corporativa, el gobierno ha cometido errores similares. En el área tributaria, las facultades de fiscalización del gobierno se han ampliado de una forma tremendamente discrecional, e incluso se puede tratar como narcotraficantes a quienes se acuse de evasión. Ha vuelto, además, obligatorio auditar los estados financieros sin importar los costos consiguientes. En el tema ambiental, estableció estándares de calidad del aire que no existen ni en los países avanzados con regulación más restrictiva, impidiendo así cualquier futura inversión en refinerías. Al mismo tiempo, hay 34 proyectos de exploración petrolera paralizados por dificultades con los estudios de impacto ambiental y otras trabas, mientras que las quejas por las arbitrariedades del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental son constantes.

Los problemas, lamentablemente, no terminan ahí. Las empresas sufren las oníricas normas del Instituto de Defensa Civil y la enloquecedora capacidad discrecional de sus agentes. En educación, se ha dado una plétora de normas que interfieren seriamente con el funcionamiento de los nidos, colegios privados e institutos superiores, incluyendo una ley que facilita e incentiva el incumplimiento en el pago de las pensiones. La más reciente ha sido una estrambótica resolución de 62 páginas que impone un diseño de los locales de educación inicial que ningún nido formal podrá cumplir. Por otro lado, en el sector farmacéutico un nuevo reglamento introduce más obligaciones a las farmacias formales, las únicas fiscalizadas. En el sector comercio, por su parte, ya no se puede hacer promociones sin pedirle permiso al Ministerio del Interior, casi al más puro y delirante estilo venezolano. 

Y estos son solo algunos ejemplos de cómo este gobierno ha dejado que la burocracia irracional se salga de control. Ha convertido el mercado en un cuerpo con metástasis, lleno de tumores regulatorios en cada uno de sus órganos. Por eso, si queremos reanimar la inversión privada, necesitamos una fuerte quimioterapia, que limpie todas las trabas que no dejan funcionar a las empresas, y particularmente a las pequeñas y medianas que son las que más dan empleo y mueven el país.