Editorial El Comercio

En los últimos años, acceder a un nuevo en nuestro país se ha convertido en una tarea harto complicada. En concreto, la carencia de materiales para producir los documentos y los líos entre la Superintendencia Nacional de y las empresas contratadas para ofrecer el servicio han supuesto que sea difícil obtener citas para hacerse de la libreta y han traído múltiples desconciertos para los usuarios, que se han visto obligados a imaginar distintos métodos para conseguir lo que buscan, como acudir al aeropuerto para hacer el trámite de emergencia a poco de viajar.

A todo lo anterior, sin embargo, se han sumado más problemas en las últimas semanas: el hallazgo de que miles de pasaportes, tras ser emitidos, reportan fallas al ser sometidos a los controles electrónicos del aeropuerto. De hecho, ese fue el caso de la periodista Pamela Acosta, quien dio cuenta de lo ocurrido en sus redes sociales. Sin embargo, como ella, hay muchos ciudadanos (más de 1.500, según Migraciones, pero alrededor de 17.000, según la contraloría), con el mismo problema...

Como es evidente, esta diferencia entre las cifras de Migraciones y la contraloría no es menor, no solo en términos estadísticos, sino también porque revelaría serios problemas de transparencia en el caso de la primera institución. Una institución que, además, en los últimos años ha sido un dolor de cabeza para muchos peruanos y ha brillado por su incapacidad para ofrecer el servicio público esencial que el país le demanda. Y un reciente informe de este Diario puede darnos unas cuantas pistas sobre el porqué de esta situación.

Según ha dado cuenta nuestro colega Mathías Panizo, son dos empresas extranjeras las que controlan la emisión de pasaportes en el Perú desde el 2015. Ese año, Migraciones contrató al Consorcio In Continu Et Services S.A.S.-Gemalto México S.A. de C.V. para instalar el servicio de emisión de pasaportes electrónicos por más de S/120 millones. A cargo de ella está no solo la elaboración de las libretas físicas, sino también la administración de los códigos y del software que permiten la elaboración y lectura de estos documentos. Actualmente, las firmas se presentan como Thales, que acumula denuncias en el extranjero por corrupción, e IN Continu Et Services.

En más de una oportunidad, Migraciones y las empresas mencionadas se han echado la culpa por los problemas que existen en la emisión de pasaportes y, según fuentes de este Diario en el sector, las compañías tienen gran poder de negociación frente a la institución pública, que depende de su sistema de códigos para la emisión de estos documentos. Si esto se combina con los cuestionamientos a Thales en diversos países, y a los problemas que se han registrado en los últimos años para la obtención de los pasaportes, se hace evidente que el Estado tiene que hacer cambios en cómo ha elegido proveer este servicio.

Para empezar, se debería analizar el mercado para ver si existen alternativas a las empresas que hoy contrata Migraciones. Asimismo, en el caso de que las firmas no estén cumpliendo sus obligaciones, el Estado debería hacer valer sus derechos en el sistema legal internacional.

Sin embargo, más allá de eso, el sector público debería comenzar reportando algo de urgencia por lo que está sucediendo. Como hemos dicho, el problema en la emisión de pasaportes tiene mucho tiempo y, como demuestran las denuncias recientes, se ha hecho poco o nada por remediar la situación. La misma que no solo les cuesta millones de soles a todos los peruanos, sino también el acceso a un documento esencial con todas las posibilidades que este conlleva.

Editorial de El Comercio

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