Editorial: A trabajar, ministro

El pasado miércoles cinco importantes centros de investigación se reunieron en un conversatorio para analizar el impacto de la legislación laboral en nuestra economía. Como resultado de este encuentro se llegó a la siguiente conclusión: la rigidez laboral de nuestro país, además de reducir el empleo formal, viene aplastando a la mediana empresa, a tal punto que prácticamente no existe esa categoría en el Perú. 

Tiene sentido: las empresas grandes son las que pueden darse el lujo de cargar con una de las legislaciones laborales más rígidas del mundo (y una de las 20 más gravosas, según el Banco Interamericano de Desarrollo). Y las microempresas y pequeñas empresas son las que pueden darse el lujo de pasar desapercibidas para las inspecciones laborales. Pero son también las que no pueden crecer y volverse medianas porque ello supone pasar por el aro prohibitivo de nuestra formalidad. 

Sorprende, en este sentido, que el ministro de Trabajo, Fredy Otárola, acabe de declarar que “por el momento” no hay ninguna reforma laboral planeada y que “recién” su ministerio se ha metido en el tema. Considerando que el aspecto laboral es uno de los principales obstáculos que afronta nuestra hoy desacelerada economía y que al gobierno le quedan ya menos de dos años de gestión, es por lo menos sorprendente que “por el momento” el Ministerio de Trabajo no tenga ningún plan al respecto y que “recién” estén empezando a ver el tema.

Indigna también que para apoyar esta pachocha frente al problema el ministro sostenga que “en el caso de la pequeña y mediana empresa” tenemos “quizá los costos no laborales más bajos de América Latina”. En el Perú los costos no salariales del trabajo (todo lo que el empleador tiene que pagar por cada trabajador que no va a las manos de este) alcanzan al 60% del salario. Miremos, por ejemplo, a los otros países de la Alianza del Pacífico: solo Colombia con 53,5% se acerca a nosotros, Chile y México tienen 31,7% y 36,4%, respectivamente. Por otro lado, el Ránking Global de Competitividad nos muestra en el puesto 130 de 144 países en la esencial categoría “facilidad para contratar y despedir trabajadores”: atrás de nosotros solo hay otros tres países latinoamericanos, de los cuales dos son los quebrados Venezuela y Argentina.

Es cierto que el tema laboral es políticamente una papa caliente: cualquier reforma para flexibilizar la legislación (y abaratar los costos de contratar) será pintada por los sectores de siempre como un dejar “desprotegidos” a los trabajadores. Pero el gobierno no debería tener miedo a estos argumentos, pues resulta muy fácil mostrarlos en su hipocresía simplemente preguntando: ¿a qué trabajadores? Porque nuestra ley laboral es un obstáculo y no una protección para los siete de cada diez empleados que hoy no tienen “protección” legal alguna en el Perú porque están en la informalidad.

Por lo demás, llama la atención también que mientras el ministro de Trabajo ha hecho estas declaraciones, el nuevo titular de Economía anunciaba, en el artículo que publicó en estas páginas el domingo para hablar de sus planes, que estaba “evaluando medidas, incluyendo los ámbitos tributario y laboral, que brinden un soporte adicional a la actividad económica, [...] estas medidas deben tener como denominador común el coadyuvar a facilitar la generación de empleo formal”. Hace poco señalábamos que el ministro Alonso Segura tiene por delante muchísimo por hacer. Acaso debería colocar al comienzo de la lista una larga reunión informativa con nuestro despistado ministro de Trabajo.