Entre la noche en la que Cluber Aliaga juró como ministro del Interior y la tarde en la que presentó su renuncia al cargo, pasaron cinco días. Contrariamente a lo que podría pensarse, sin embargo, tuvo una vida ministerial más larga que la de uno de sus predecesores, Gastón Rodríguez, que duró apenas tres días en el puesto; aunque un poco más corta que la de su antecesor inmediato, Rubén Vargas, que ostentó el fajín por dos semanas.
Con cargos tan efímeros, uno podría pensar que, más que ante ministros del Interior, estamos ante ministros interinos. Sin embargo –y para ser justos–, hay que hacer una precisión aquí: mientras Rodríguez dimitió luego de su rol en la peor crisis política de los últimos años, y Vargas hizo lo propio cuando se cocinaba una moción de interpelación en su contra, el señor Aliaga ha dimitido luego de un sainete en el que tomaron parte, exclusivamente, dos protagonistas: él y el Gobierno.
Repasemos los hechos.
El domingo, tres días después de haber jurado al cargo, el entonces ministro Aliaga dio una entrevista en Canal N. Allí afirmó que la decisión del entonces ministro Vargas de pasar al retiro a 18 generales de la policía “fue una decisión apresurada”. “Se pueden tomar decisiones, pero hay que tomarse el tiempo y ajustarse a las formalidades”, añadió y luego, en un inequívoco cuestionamiento a la legalidad de la medida, reportó que había “dispuesto el estudio por abogados expertos en estos temas para que den la interpretación correcta. Yo tengo la disposición personal de actuar siempre en el marco de la ley”.
Sus dichos no podían ser más contrarios a los del presidente Francisco Sagasti, que había defendido el relevo policial en una entrevista el domingo 29 de noviembre (“la decisión fue absolutamente constitucional, no hay duda”, dijo en ese momento) y que apenas un día antes de la aparición televisiva de Aliaga, el 5 de diciembre, había subrayado que “no hay vuelta atrás en eso”. Por supuesto, uno puede discrepar de una decisión del Gobierno. Sin embargo, al aceptar un cargo dentro de este (y precisamente en la cabeza del sector envuelto en la polémica) se asume que uno está de acuerdo con la política del Ejecutivo, más aún cuando esta ha sido defendida pública y reiteradamente por el mandatario y por la primera ministra Violeta Bermúdez.
Luego de conocida su renuncia, tanto el señor Aliaga como el Gobierno han intentado dar explicaciones sobre el entuerto que, en realidad, no dejan bien librado a ninguno. El primero, por ejemplo, ha afirmado que nunca estuvo de acuerdo con el retiro de los generales, pero que, no obstante, aceptó el cargo porque “veo en el escenario político actual que el país necesita encontrar la gobernabilidad” (¡vaya forma de darle gobernabilidad al Ejecutivo!). La ministra Bermúdez, por su parte, ha alegado que Aliaga “jamás” le transmitió su disconformidad con la medida antes de asumir y que solo supo su posición al escuchar la entrevista referida líneas atrás. Según ha contado Bermúdez, el exministro tampoco le notificó “que era candidato de un partido político; yo le tuve que pedir que renunciara”. ¿Esos son los filtros con los que trabaja el Gobierno para seleccionar a sus funcionarios? ¿Es admisible que, si consideramos que ya un titular del Interior había dimitido por el retiro de los generales, no se le preguntase a su relevo qué pensaba sobre el particular?
Ahora, en fin, ha asumido el puesto el ex oficial mayor del Congreso José Elice, una persona con experiencia en el sector público, pero que tendrá que gestionar las ondas de una medida que ya le ha generado más de un quebradero de cabeza al Ejecutivo. Solo queda desear que tenga una vida más larga que la de sus tres últimos antecesores, pues un sector tan álgido como el del Interior no puede seguir trabajando bajo el liderazgo de ministros semanales.
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