Editorial El Comercio

Decíamos ayer en estas páginas que el nombramiento de Betssy Chávez al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) era una afrenta y un paso más en la ofensiva del presidente para cerrar el . No solo porque se trataba de una ministra que fue correctamente censurada durante su paso por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), sino porque carga a cuestas con investigaciones fiscales por delitos nada leves viniendo de una funcionaria de alto nivel como lo son el aprovechamiento indebido del cargo y el tráfico de influencias.

La tentación, por supuesto, es a resaltar a la nueva cabeza de la PCM y a otros perfiles claramente incompetentes del equipo ministerial –como los casos de Alejandro Salas en el MTPE o Félix Chero en Justicia– cuya inclusión no puede tomarse sino como una provocación para indicar que se trata de un Gabinete de choque. En parte, esto es correcto. Con el despropósito de emular la “denegación fáctica” del presidente Martín Vizcarra, ahora explícitamente prohibida por la Ley 31355, el presidente ha decidido llevar la contienda con el Congreso al punto de máxima tensión, y para eso necesita entusiastas secuaces.

En este trance, sin embargo, existen ciertos actores que están pasando convenientemente desapercibidos. Un caso es el de la nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la congresista Heidy Juárez (hasta ayer integrante de la bancada de Podemos Perú). A inicios de año, la parlamentaria firmaba la moción de vacancia presidencial y llamaba al gobierno “improvisado y corrupto”. Apenas este mes, Juárez apuntaba en redes sociales que “el país sufre los estragos de la resaca del desgobierno”. Tres semanas después, se ceñía el fajín del mismo desgobierno. Un cambio tan drástico como vergonzoso.

Otros dos casos notables por su trayectoria profesional son los de Kurt Burneo, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y César Landa, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ambos profesionales se han mantenido relativamente silentes en la discusión política, pero con su presencia en el Gabinete respaldan cada una de las acciones de este gobierno. Y, hoy por hoy, entre esas se incluyen ya no solo las bochornosas tratativas de encubrimiento a allegados, sino un intento descarado e ilegal de coaccionar al Congreso con su disolución. El Gabinete en pleno es responsable, y estos ministros prestan sin ambages su prestigio profesional, o lo que queda de él, a un gobierno antidemocrático y decadente.

La situación de Landa es particularmente llamativa. Como se recuerda, el canciller firmó una carta junto con el presidente Castillo en la que pedía que la OEA tome “medidas de urgencia” para abrir “un diálogo entre los diversos poderes del Estado” con el fin de resolver la crisis política que vive el país y evitar “la configuración de una nueva modalidad de golpe de Estado”. Este supuesto golpe, como se sabe, no es más que una quimera para ocultar las acusaciones fiscales que penden sobre el presidente Castillo. Curiosamente, ahora, que sí se habla con más seriedad de golpes de Estado encubiertos, las miradas acusatorias se dirigen al Gabinete del que él forma parte.

A diferencia del caso de la vicepresidenta Dina Boluarte –quien convenientemente decidió apartarse del Gabinete luego de estar en el equipo desde el inicio del gobierno–, los actuales ministros no parecen tener mayor problema en seguir los lineamientos que impulse la nueva cabeza de la PCM ni en participar de un equipo ministerial en vías de romper el orden democrático. Todos están en la foto. Y de eso no se vuelve.

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